España, obligada a pagar 64,5 millones a Abu Dabi por el recorte de la prima de las renovables

Masdar, filial de energías renovables del fondo soberano Mubadala, había reclamado una cantidad muy superior, 165 millones de euros. Se trata del tercer laudo contra España después del dictado en febrero por el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (Suecia) y otro anterior del Ciadi, de mayo de 2017.

Masdar promovió tres centrales termosolares en España a través de Torresol Energy y junto a la empresa española de ingeniería Sener: Gemasolar, en Sevilla; y Valle 1 y Valle 2, en Cádiz. Estas centrales supusieron una inversión conjunta de 940 millones de euros.

Masdar ha estado representada en el proceso por la firma Allen & Overy. La Abogacía del Estado estudiará el laudo del Ciadi, de 400 páginas de extensión, antes de decidir si lo recurre, han explicado a Efe fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Estas fuentes consideran un éxito que la cantidad a pagar haya quedado tan lejos de la demandada por Masdar. Además, el laudo no ha impuesto las costas del proceso a España.

En febrero, España perdió un arbitraje ante la Cámara de Comercio de Estocolmo tras una demanda presentada por la sociedad Novenergia, con sede en Luxemburgo.

El laudo, que fue recurrido por la Abogacía del Estado, obligaba a España a pagar 53,3 millones a Novenergia.

Novenergia, que desarrolló instalaciones fotovoltaicas en Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Cataluña, había reclamado 60,4 millones de euros.

Anteriormente, en mayo de 2017, el Ciadi había dictado otro laudo que obligó a España a pagar 128 millones al fondo británico Eiser Infrastructure.

No obstante, la cantidad reclamada por Eiser - que había promovido tres plantas termosolares- era muy superior, de 298 millones de euros.

La Cámara de Comercio de Estocolmo dio la razón a España en un laudo previo, dictado a raíz de una demanda de Isolux, que reclamaba 78.868 euros.

Los inversores extranjeros reclaman a España en torno a 7.600 millones de euros en distintas instancias internacionales de arbitraje por los perjuicios que supuestamente les causaron los recortes en las primas a las energías renovables.