Los ERTE afectan a 4 millones y el atasco amenaza con retrasar a junio los pagos

Los que sí cobrarán el viernes su prestación son los 800.000 autónomos a los que se les ha reconocido el cese de actividad tras haber comprobado que sus ingresos han caído un 75%. Percibirán esa ayuda y no pagarán la cuota de abril, pero la Seguridad Social aún no les ha devuelto la cotización abonada en marzo, lo que es motivo de inquietud para muchos de ellos. Tendrán que esperar a que se cumpla el compromiso de ministerio que dirige José Luis Escrivá de devolverlo de manera automática.

Mientras llega esta devolución, el antiguo INEM sigue desbordado . Los teléfonos de atención al ciudadano y su página web llegaron a colapsarse, lo que ha generado inseguridad a los afectados por las suspensiones del empleo. Los funcionarios no dan abasto en un organismo que ya antes de la crisis del coronavirus estaba con una plantilla muy limitada. Las administraciones autonómicas son las encargadas de tramitar los ERTE que afectan a la comunidad, pero los funcionarios del SEPE siguen acudiendo a su puesto de trabajo para reconocer las prestaciones a los afectados.

Ante el aluvión de ERTE presentados en toda España, muchas comunidades autónomas ya se quejaron al Ministerio de Trabajo por la falta de medios humanos para tramitar estos expedientes que, en muchos casos, son autorizados sin haber sido evaluados, tras pasar los cinco días desde su presentación. Por ello ya hubo algunas comunidades que aprovecharon un resquicio legal para duplicar de cinco a diez días el plazo que tiene la autoridad laboral antes de que opere el silencio administrativo . Es el caso de comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Asturias.

La cuantía de estas prestaciones es del 70% de la base reguladora del trabajador (durante los primeros seis meses), pero tiene unas cuantías mínimas y máximas, que varían en ambos casos en función de si el beneficiario tiene hijos o no. Así, la cuantía mínima sin hijos a cargo es de 501,98 euros mensuales y, si se tiene uno o más hijos, esa cantidad aumenta a 671,40 euros al mes. Mientras que la prestación máxima es, sin hijos, de 1.098,09 euros al mes; con un hijo a cargo, 1.254,96 euros mensuales y con dos o más hijos asciende a 1.411,83 euros. El SEPE solo está reconociendo estas prestaciones incluyendo a los hijos a cargo en los casos de trabajadores sobre los que este organismo ya tiene datos , porque han sido beneficiarios de sus ayudas con anterioridad. Pero si el SEPE no tiene previamente los datos de un afectado por el ERTE, le reconoce una prestación básica, sin el complemento de los hijos a cargo, aunque los tenga.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz , anunció que el trabajador recibiría dicho suplemento por hijos cuando lo reclamara, pero ahora el SEPE ha remitido a las empresas una carta en la que informa que el organismo regularizará de oficio el aumento de las cantidades que correspondan a los afectados con hijos a cargo, sin que las personas afectadas tengan que realizar reclamaciones. Ahora falta saber el tiempo que tardará en hacerlo el organismo, ya que esperará a tener reconocidas las prestaciones de todas las personas afectadas por ERTE, que la ministra de Trabajo se niega a llamar parados . No son parados, pero no van a trabajar, no cobran su sueldo y perciben una prestación por desempleo, en muchos casos, muy inferior a su salario mensual.

Ayer la ministra de Trabajo compareció en la sesión de control al Gobierno y justificó la retención de los 2.400 millones de euros que reciben las comunidades autónomas para formar a los parados en la necesidad de atender las necesidades de protección social derivados por desempleo: «Se nos está desplomando el empleo».

Díaz dijo que ante la previsión de que esos fondos «no iban a poder ser ejecutados», las opciones del Gobierno eran dirigir los remanentes de tesorería del SEPE «o dar de comer a la gente». «A lo mejor nos hemos equivocado, pero creemos que hemos elegido bien» , dijo la titular de Trabajo y añadió que esta decisión, «difícil como todas», se hizo al advertir «muchos consejeros» autonómicos que «no iban a poder ejecutar la política de formación» por el «carácter finalista» de estas partidas.