La energía dispara los costes del campo, el transporte público y la siderurgia

En el caso de las siderurgias, las empresas reclaman un «marco estable» y «precios competitivos» . Los cambios regulatorios y las ayudas impulsadas en los últimos meses se han quedado cortos ante unos costes energéticos que se desbordan por la inestabilidad geopolítica. Y ahora las patronales vislumbran ya un otoño caliente, con concesiones vacías y fábricas cerradas, si la Administración no pone en marcha medidas efectivas para superar el terremoto económico que ha generado la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

«El coste del combustible se ha doblado en seis meses y la luz igual: el depósito del tractor me cuesta rellenarlo 340 euros, hace seis meses unos 200 euros , casi el doble», comenta Romualdo Castro, un ganadero y agricultor de León que estuvo presente ayer en la concentración de varias centenares de agricultores y ganaderos impulsada por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA frente al centro de CLH en Santovenia Pisuerga (Valladolid). Estas asociaciones protestaron contra unos precios del gasóleo en cotas históricas, una realidad que vuelve a incendiar el campo y que augura más movilizaciones en los próximos días. Todo ello, con los costes de producción disparados. En concreto, según Asaja, respecto a junio de 2021, la energía se ha disparado un 180% por un 36% de los piensos para la alimentación del ganado y un 49% para el porcino.

De momento, la semana que viene los agricultores y ganaderos de Granada saldrán también a las carreteras. «Cuánto más trabajamos más nos arruinamos» , resume a ABC el presidente de Asaja Castilla y León Donaciano Dujo. Como ejemplo, menciona que ayer el precio del gasóleo agrícola estaba en los 1,70 euros/litro mientras que hace un año se situaba en los 0,80 euros/litro. «Esto significa que si en Castilla y León se consumen 4 millones de litros de gasóleo anuales, el año pasado costaba unos 320 millones de euros mientras que ahora serían 640 millones », resume Dujo, quien recuerda que sin combustible no se recogerá la cosecha ni habrá producción. En este sentido, critica al Gobierno por permitir que «las petroleras se hagan ricas y, a la vez, recaudar una barbaridad».

Dujo pide al Ejecutivo que apruebe un gasóleo profesional agrícola y tacha de «insuficiente» la bonificación de 0,20 euros/litro. Desde esta organización agraria también piden un incremento en las deducciones en el régimen de estimación directa del IRPF, así como un incremento del IVA compensatorio en ganadería. En una línea similar se pronuncia el secretario general de COAG, Miguel Padilla: «La situación se está volviendo insostenible y amenaza a prácticamente todas las actividades agrarias».

Padilla también prevé que en los próximos días haya más protestas, si el sábado el Gobierno no aprueba un paquete de medidas potente, y avisa que de seguir así la situación puede verse reducida la producción. «En la práctica la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria -que prohibe la venta en origen por debajo de los costes de producción- va lenta en su aplicación», lamenta el máximo dirigente de COAG. De momento, la reunión convocada ayer en el Ministerio de Agricultura con las organizaciones agrarias se aplazó, por sorpresa, hasta el lunes cuando ya se conozca el nuevo paquete anticrisis.

Por su parte, desde UPA , piden la intervención del Gobierno para que vigile los beneficios de las petroleras. Además de pedir a Competencia que investigue el comportamiento de estas compañías.

El transporte público no había superado la crisis generada por la pandemia cuando empezó a subir el coste energético. Unos costes que ya han generado un agujero financiero de 500 millones de euros al sector, según explica el secretario general de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (Atuc), Jesús Herrero, en declaraciones a este periódico. Los más damnificados han sido los vehículos que utilizan gas natural comprimido, un combustible que fue encumbrado por el Ejecutivo hace algunos años por su bajo impacto medioambiental y que ahora supone un quebradero de cabeza para las empresas por los altos precios de la materia prima.

Es cierto que el tráfico de pasajeros ha crecido en los últimos meses para situarse en el 80-85% de los niveles precrisis, pero Herrero advierte que todavía «no existe una recuperación completa» . «El agujero del coronavirus no ha tenido compensación, no ha pasado nada para solventar la quiebra de determinadas empresas. Y con esta crisis todavía abierta se nos ha abierto otro agujero por la subida de los combustibles y la energía. Además, en breve tenemos que renovar convenios y los trabajadores nos exigen subidas de sueldos ligadas al IPC . Es la tormenta perfecta», explica el directivo, quien representa a través de su asociación tanto a empresas públicas (EMT de Madrid) como privados Alsa.

Es por ello que Atuc reclama al Gobierno que vaya más allá de la bonificación del abono transporte e incluya un plan de choque en el nuevo decreto anticrisis que sirva de salvavidas para el transporte público. «La rebaja del bono transporte es una buena medida, pero es insuficiente. Hay que tener en cuenta que el precio no es la variable que determina la elección de un transporte u otro. El tiempo es un condicionante mayor, y en muchos casos nos movemos en coche porque directamente no existe alternativa», sostiene Herrero. La organización pide ampliar el fondo de rescate puesto en marcha para la industria, ya que desde que se puso en marcha solo han podido acceder a 420 millones de este mecanismo, lo que apenas compensa las pérdidas del primer año de pandemia.

Atuc, que tiene a Renfe entre sus asociados, también reclama la consideración del sector ferroviario como una industria electrointensiva . El propio operador público ha explicado que pagó 162 millones por la electricidad en el primer trimestre, el doble que el año pasado. Pese a los avisos del sector, el tren de pasajeros quedó fuera del primer paquete de ayudas puesto en marcha por el Gobierno para mitigar la crisis ocasionada por la invasión de Ucrania.

Herrero espera que esta situación cambie en el próximo plan de ayudas. «Hay que tomar medidas extraordinarias, o hay ayudas o es muy probable que se rompan concesiones», sostiene.

Los elevados costes de la electricidad y del gas obligará a suspender la producción de más acerías en nuestro país, según advirtió ayer hoy Bernardo Velázquez, presidente de Unesid, la patronal siderúrgica.

En un encuentro previo a la junta general de esta asociación, afirmó que, no obstante, actualmente mantienen las carteras de pedidos a pesar de que la producción ha caído ligeramente en el primer trimestre del año respecto a finales de 2021 por la escalada de precios y otras cuestiones ajenas, como la guerra en Ucrania y los paros del transporte.

Bernardo Velázquez pidió un «marco estable» y «precios competitivos». Puso el ejemplo de Francia, donde la industria tiene un precio de poco más de 40 euros el MWh , ligado a la generación nuclear, tres veces menos que en España. También apuntó que en EE.UU., los ‘PPA’ (contratos de suministro a largo plazo) están en 30 dólares el MWh, frente a los 130 euros el MWh en España. Solo el 15% de la energía que consume este sector en nuestro país es a través de ‘PPA’, el resto está ligado al mercado mayorista, destacó el director general de Unesid, Andrés Barceló.

Este afirmó que el sistema «no funciona» en nuestro país mientras en Bruselas «están encantados de conocerse» . Velázquez añadió que la anunciada nueva bajada del IVA no tiene ninguna repercusión en la industria y que si siguen subiendo tanto la energía como los salarios «te vas del mercado«. En este punto, Barceló recordó que «la siderurgia tiene los mejores salarios de toda la industria».