Suplemento empresa
El dinero fluye sin límites en la campaña presidencial norteamericana
Una decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. en 2010 permite que se hagan donaciones ilimitadas a los comités de acción políticia si son independientes
luis p. arechederra
Sería ingenuo creer, a estas alturas, las palabras del presidente de Estados Unidos Theodore D. Roosvelt allá por 1905. «Los aportes de las empresas a comités políticos o con cualquier fin político deberían estar prohibidos por ley», proclamó firme ante la Cámara de Representantes. La ... legislación estadounidense impuso, durante años, límites a la financiación de los candidatos presidenciales y a los grupos que les apoyan. Sobre todo, después del escándalo del Watergate que sacó de la Casa Blanca al presidente Richard M. Nixon en 1972.
La Cámara de Representantes reguló entonces límites a las donaciones a partidos y a comités políticos. En 2002, la ley conocida como McCain-Feingold restringió el denominado dinero blando, el dinero invertido para favorecer a un candidato. El objetivo de las reformas era claro: frenar la influencia del dinero en las elecciones presidenciales. La ley sigue limitando los donativos directos a la campaña de un candidato o un partido. Pero, desde entonces, diferentes decisiones judiciales han ido moderando las limitaciones a los grupos externos de apoyo. Hasta derribarlas por completo.
En 2010, la resolución del Tribunal Supremo de EE.UU. sobre el caso «Citizens United» cambió las reglas. La corte decidió que el gobierno no puede limitar el gasto político independiente de corporaciones, sindicatos y otras organizaciones legales. La histórica decisión se tomó por cinco votos a cuatro . Y el argumento fue de peso. Según el Tribunal Supremo, la prohibición violaba la Primera Enmienda. Es decir, la libertad de expresión: el gobierno no puede regular el discurso político. Y este se puede ejercer a través de las donaciones. Cualquier restricción a las aportaciones de individuos u organizaciones privadas a grupos externos quedó declarada, por tanto, inconstitucional . Los defensores de este techo argumentan que el dinero (ilimitado) puede corromper la democracia .
La primera reacción de Barack Obama fue de rechazo tajante . El presidente afirmó que la decisión daba «luz verde a una estampida dentro de nuestra política de dinero con intereses especiales ». Pero, en febrero de 2012, advirtió el potencial de esta vía. Obama pidió expresamente a los donantes demócratas más poderosos que aportasen dinero a estos grupos. Y es que el fallo judicial favorece claramente al partido republicano, apoyado tradicionalmente por las grandes corporaciones. La capacidad de recaudar fondos propios de Obama es, sin embargo, inigualable. Su campaña de 2008, que renunció a la financiación pública, obtuvo 750 millones de dólares . Y todo indica que lo superará en 2012. Según datos de la Comisión Electoral Federal del mes de marzo, el presidente había acumulado ya 196,6 millones de dólares. Diez veces más que Mitt Romney . El republicano contaba con 88,7 millones. Pero gran parte de los fondos de Obama provienen, según la cadena norteamericana Bloomberg, de pequeñas aportaciones . Concretamente, el 52% corresponde a cantidades inferiores a 200 dólares. En el caso de Romney, este porcentaje se limita al 13%. En mayo, la recaudación directa del candidato republicano superó por primera vez a la de Obama.
Pero la peculiaridad de la actual campaña presidencial es la creciente importancia de los protagonistas externos. Los grupos teóricamente sin vínculos con los candidatos políticos. La resolución del Tribunal Supremo en 2010 abrió la puerta a los donativos ilimitados a estos grupos. A los denominados «Super PACS» , o comités de acción política. Definidos por el experto de «The New York Times» en financiación de la campaña de 2012, Nicholas Confessore, como «comités políticos cuyo objetivo principal es influir en las elecciones, que pueden recibir donaciones ilimitadas de corporaciones, asociaciones o personas ricas, siempre que el dinero sea gastado de forma independiente a la campaña del candidato». Se requiere, además de declarar de forma periódica quiénes son los donantes, que no estén coordinados con los propios partidos o candidatos. El límite de aportación a estos comités externos era, anteriormente, de 5.000 millones de dólares.
La práctica pone en duda la independencia o falta de coordinación exigida. El «super PAC» de apoyo a Newt Gingrich en las elecciones primarias republicanas, llamado «Winning Our Future», fue decisivo en su supervivencia. El matrimonio Adelson (promotor de Eurovegas) le inyectó 5 millones justo antes de las primarias de Carolina del Sur. Gingrich venció. Este «super PAC» había sido creado por Becky Burkett, exdirector de desarollo del comité político «American Solutions», fundado precisamente por Newt Gingrich. Pero su ejemplo no es el único. El principal «super PAC» de apoyo a Obama, el «Priorities USA Action» , fue fundado por Bill Burton, quien fue ayudante del presidente en la Casa Blanca. Y lo mismo sucede con el comité que apoya a Romney, el «Make Us Great Again», o el que defendió a Rick Santorum durante las primarias republicanas, el «Red White and Blue Fund». La Comisión Electoral Federal no se pone de acuerdo sobre las reglas que marcan la independencia. Un anuncio pagado por un «super PAC», en el que aparece su candidato, en consonancia con la campaña, genera dudas entre sus comisionarios. Los tres demócratas creen que vulnera las normas. Los tres republicanos, no.
Quizá Roosvelt se sorprendería al ver las cantidades gastadas ante las elecciones presidenciales de 2012.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete