El nuevo déficit para las comunidades se fija en el 1,5%

Para la Seguridad Social se prevé una situación de equilibrio, en lugar del superávit del 0,4% que inicialmente se había calculado.

El déficit público para el conjunto de las administraciones será del 5,8 % del PIB, lo que supondrá un ajuste de 2,7 puntos del PIB (desde el 8,5 % alcanzado en 2011).

Por su parte, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Hacienda, Cristobal Montoro , se ha mostrado «convencido» de que cuando España presente su programa de estabilidad el próximo abril, Bruselas reconocerá el esfuerzo que está haciendo España.

Montoro también ha anunciado que el Gobierno ha aprobado un techo de gasto para 2012 de 118.565 millones de euros, lo que representa un descenso del 4,7% respecto al límite de gasto de 2011. Una vez descontadas las obligaciones de pago pendientes de 2011, se reduce a 116.295 millones de euros. De esta forma, el gasto disponible para el conjunto de los ministerios se reducirá un 12,5% este año en comparación con el presupuesto disponible del año anterior.

Del ajuste que hay que afrontar en 2012, Montoro ha recordado que ya fue aprobado en diciembre un primer recorte de gasto de 8.900 millones y una subida de impuestos por importe de 6.275 millones, pero no ha precisado de dónde saldrán los casi 14.000 millones restantes.

Sobre una posible futura subida de los impuestos para afrontar los recortes, Montoro ha reiterado que no está sobre la mesa: «Ya hemos pedido el esfuerzo para subir los impuestos y no hay proyectos de cambiar las circunstancias, al igual que ocurre con las prestaciones por desempleo».

Por otro lado, el Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria que fija un techo de gasto para todas las administraciones públicas con el fin de cumplir con un objetivo de déficit y lo ha enviado a las Cortes para su tramitación parlamentaria urgente.

Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que el Consejo de Estado ya ha valorado la nueva norma, por lo que pasa al Congreso un mes después de ser aprobada por el Ejecutivo.