La CEOE respalda por unanimidad el pacto de pensiones

La patronal ha dejado claro que se trata «de un acuerdo en el que una parte ya ha sido consensuada previamente por los grupos parlamentarios en el marco de las recomendaciones del Pacto de Toledo», entre otros la revalorización de las pensiones con el IPC .

En un comunicado, la organización que preside Antonio Garamendi asegura que en todo momento en las empresas «ha primado la responsabilidad ante el mandato de Europa de afrontar esta reforma para garantizar la sostenibilidad del sistema ». Destaca tambien «la permanencia en el acuerdo del factor de sostenibilidad como parte fundamental del equilibrio del sistema en el medio y largo plazo y su sustitución por otro factor que mantenga los mismos efectos en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea y para reforzar la confianza país».

Además, recuerda que la sostenibilidad de las pensiones depende del número de cotizantes y de la fortaleza del mercado laboral. «Para ello es imprescindible un entorno normativo flexible que garantice la creación y el mantenimiento del empleo y la adaptabilidad de las empresas y trabajdores a través de la formación y la recualificación», señala la organización.

La idea del ministro Escrivá es que la nueva norma entre en vigor en enero de 2022, cuando también deberá estar en marcha el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que sustituirá al factor de sostenibilidad, que el diálogo social comenzará a negociar de inmediato. La reforma que debe hacer sostenible el sistema de pensiones nace con críticas por su falta de ambición; las medidas más duras se aplazan para una segunda ronda, una vez sepultada la esencia de la reforma del PP de 2013, el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad.

Logrado el aval de los agentes sociales, Pedro Sánchez podrá presentar a Bruselas la primera parte de una reforma que cumple con una de sus grandes promesas: garantizar a los jubilados la revalorización de sus nóminas con el IPC , pero a cambio se imponen fuertes recortes en las jubilaciones anticipadas voluntarias, que llegarán hasta el 21% para las rentas más altas si se adelanta el paso al sistema dos años antes de la edad legal de retiro.

El espíritu de la reforma es alinear la edad ordinaria y la efectiva de jubilación con incentivos a la ampliación de la vida laboral de los españoles con el objetivo de aumentar la participación de los mayores en el mercado de trabajo. Los redactores de la norma esperan que con sus medidas en 2050 la edad real aumente en dos puntos, desde los 64 actuales hasta los 66 años (la edad legal se situará en 67 años en 2027).

En este punto, el Gobierno ofrecerá hasta 12.000 euros anuales a aquellos trabajadores que decidan postergar su jubilación y permanecer activos más allá de la edad legal de retiro. La norma dará opción al trabajador de elegir esta fórmula o bien optar por un aumento del 4% de la base reguladora de su pensión por cada uno de estos años que retrase su retiro (en la actualidad este incentivo está entre el 2% y el 4%). Podrán mezclar las dos posibilidades, una parte en pago único y otra como alza de la pensión vitalicia.

El esperado acuerdo llega, no obstante, entre las advertencias de los expertos sobre su falta de ambición para equilibrar un sistema abocado a soportar muchos más gastos que ingresos por el envejecimiento de la población y la precariedad del mercado laboral. La estrategia de Escrivá de dividir en dos fases la reforma ha levantado de hecho una marea de críticas por dejar las medidas más urgentes y duras para el final. Voces como la del catedrático y subdirector de Fedea, José Ignacio Conde-Ruiz, afearon al Ejecutivo la semana pasada que se haya centrado en «la parte más fácil de la reforma». Una de las claves en este sentido será la derogación del demonizado factor de sostenibilidad, que será sustituido por el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.

Con esta primera parte se cierran las medidas más amables , quedan pendientes los cambios de peso que deben hacer sostenible el sistema de pensiones, inmerso en un déficit y una deuda desbocada. Para una segunda fase queda pendiente la subida de las bases máximas de cotización, o lo que es lo mismo, el alza de impuestos para sueldos de más de 49.000 euros , ampliar los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión (ahora en 25 años) y poner en marcha el polémico sistema de tramos para que los autónomos coticen por ingresos reales que deberá diseñar el diálogo social. La idea que maneja el ministro de Seguridad Social es aplicar fuertes subidas a los trabajadores que más ganen, de hecho hizo pública una esquema al que acompañaban alzas mensuales de entre 90 euros y 1.220 euros.