Cataluña y las autonomías del PSOE, las que más sangran al ciudadano con impuestos propios

Las regiones pueden desde hace décadas establecer sus propios tributos, con varias limitaciones: entre ellas, que no supongan un obstáculo a la libre circulación de personas o afecten a hechos imponibles gravados por el Estado. El abanico competencial es amplio, pero no todas las comunidades se han servido de él con el mismo ahínco. Cataluña es el territorio que cuenta con más impuestos propios , en total 19, aunque cuatro de ellos han sido declarados inconstitucionales. Le sigue Andalucía con ocho y Asturias con siete (uno inconstitucional).

La maraña de tributos autonómicos provoca que existan más de 80 sumando el conjunto de administraciones, con diferente importancia para unas regiones y otras. Madrid, por lo pronto, eliminará todos sus impuestos propios , que le reportaron en 2019 (último año comparable entre todas las comunidades, según cifras del REAF, del Consejo General de Economistas) solo siete millones de euros; la región que menos sangra por estos conceptos a sus ciudadanos.

En el lado opuesto está la Cataluña gobernada por los independentistas de ERC y Junts como la que más dinero capta de sus ciudadanos con 677,5 millones. Tras ella, tres socialistas: Canarias, con 497,9 millones; luego la Comunidad Valenciana con 298,9 millones; y después Baleares con 216,8 millones. Para encontrar la primera región por recaudación liderada por el PP (más Ciudadanos, en este caso) hay que bajar al quinto puesto, Andalucía, con 146,2 millones.

El conjunto de las autonomías captaron en 2019 un total de 2.428,9 millones de euros. El top cuatro en ingresos por impuestos propios suma ya de por sí el 70% del total. Las tres primeras regiones socialistas aglutinan por su parte el 42%, y si se suman todas las gobernadas por el PSOE más Cataluña , el 83% (2.020,6 millones). Por contra, las comunidades gobernadas o lideradas por el PP (haya coalición o no, estas son Andalucía, Madrid, Castilla y León, Murcia y Galicia) captaron aquel año de sus ciudadanos por tributos propios 379,26 millones, lo cual equivale a apenas el 15,6% del total.

El REAF también calcula la recaudación por habitante, es decir, lo que en teoría pagaría cada ciudadano de cada región. De nuevo, las comunidades socialistas son las que más gravan a su población. Canarias registra unos ingresos por habitante de 231,2 euros; tras ella aparece Baleares con 188,7 euros; y en tercer lugar Extremadura con 110,7 euros. La cuarta con la cantidad más elevada es la socialista Asturias, con 96,2 euros.

Por contra, Madrid es la que menor recaudación por habitante recibe con solo un euro , seguida de Castilla-La Mancha (la excepción socialista) con 6,4 euros y Andalucía con 17,4 euros.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusó a Ayuso de hacer «populismo fiscal» por suprimir tributos que en su comunidad son residuales, pero que en otras no lo son tanto. Sin embargo, estos solo son la punta del iceberg de la política capitalina, tildada en muchas ocasiones de «dumping fiscal» por los territorios socialistas y nacionalistas.

El grueso del alivio fiscal de Madrid se concentra en tres figuras: el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre Patrimonio y el IRPF . Los dos primeros son tributos cedidos a las autonomías. En el caso del primero, en la práctica está casi entero bonificado para familiares directos; en el del segundo, es como si no existiera. El Impuesto sobre la Renta es objetivo también de la presidenta madrileña. Ayuso ha prometido una rebaja de medio punto en esta figura (en lo que entra dentro de su ámbito competencial).

Así las cosas, respecto a los impuestos propios, la creación normativa ha crecido con el paso de los años al calor del ‘boom’ a la protección del medio ambiente. Es por ello que buena parte de estos tributos tienen como fin penalizar actitudes o actividades contrarias a la tendencia ‘verde’ en todas las comunidades analizadas -sin contar las de régimen foral, País Vasco y Navarra -. Luis del Amo, secretario técnico del REAF del Consejo General de Economistas, no duda en señalar que en muchas ocasiones lo que se recauda por este tipo de figuras resulta inferior al gasto que se ha de hacer para su gestión. Este experto sostiene que antes de implantar cualquier impuesto convendría realizar un análisis de coste-beneficio, aunque también reconoce que estos tributos suelen intentar tener también una finalidad disuasoria, es decir, para que no se realicen ciertas actuaciones.

Más allá de ello, fuentes empresariales señalan que estos impuestos causan también perjuicios al tejido productivo. «El problema es de coste de gestión para las empresas. Una empresa que quiere, por ejemplo, montar un supermercado en una comunidad X que grava las grandes superficies, tiene que contratar un experto que maneje de estos impuestos. Incrementa los costes de cumplimiento tributario» , afirman. Al mismo tiempo añaden que los impuestos propios suponen romper, en cierta manera, la unidad de mercado en España ya que no se soportarán las mismas cargas para montar un negocio según en qué región se decida implantar.

Cada autonomía cuenta con sus propios tributos, dentro de los supuestos límites de su competencia y cumpliendo la norma que regula su capacidad. Esto puede provocar que un mismo impuesto esté implantado en dos o más autonomías pero con diferente nombre, diferente gravamen... generando el caos impositivo del que advierten fuentes empresariales.

El debate sobre la necesidad de eliminar estos impuestos o, al menos, de coordinarlos en el Estado no es de ahora. En 2014 el Gobierno del PP encargó un informe a un grupo de expertos para una nueva reforma fiscal que fue claro. El llamado ‘Informe Lagares’ pedía mecanismos de control ‘ex ante’ para vigilar que estos impuestos no fueran contra la ley; también solicitaba mayor coordinación entre comunidades que impida la atomización legal existente y se armonicen las bases imponibles.