Cataluña y Andalucía concentrarán el 40% de la inversión del Estado

Ello significa que, como desgrana el Estatuto de Cataluña, la inversión a la comunidad será acorde a su PIB, que según los últimos datos del INE de 2017 suponía un 19,2% del total. En el caso de Andalucía, su estatuto fija que la variable que debe decidir la inversión estatal en infraestructuras es la población: en 2018 su peso demográfico en toda España era del 17,9%. De esta forma, al sumar ambas la inversión se queda cerca del 40% del total. Cataluña es la región con mayor PIB de España mientras que Andalucía es la que tiene mayor población.

Los últimos estatutos de autonomía aprobados han incorporado disposiciones en las que se fija la inversión estatal en función de los indicadores que más rédito generan para cada región. Andalucía y Cataluña no son las únicas. Si bien las disposiciones no son tan taxativas como las de los estatutos de Cataluña y Andalucía , Castilla y León, Aragón y Extremadura disponen en sus estatutos correspondientes que la inversión del Estado priorice la superficie de estos territorios, mientras que Comunidad Valenciana detalla que la variable sea el peso demográfico –la región concentra el 10% de la población española–, si bien el estatuto de esta última aún no ha sido aprobado y espera el visto bueno del Senado.

Pese a que solo se pide que se priorice la superficie, si se atendieran al detalle estas disposiciones, Castilla y León cuenta con la superficie más extensa de España, con el 18,6% del total , por lo que si su peso inversor dependiera de esta variable recibiría una inversión similar a la de Cataluña o Andalucía. En el caso de Aragón su extensión es del 9,4% de España mientras que la de Extremadura supone el 8,2%.

Ante la polémica por las averías y retrasos de hasta cinco horas de los trenes de esta región, el estatuto de 2011 de la comunidad ya incorporaba una frase lapidaria para mejorar las infraestructuras , al pedir que junto a la superficie la inversión estatal también dependiera de «la distancia y el tiempo de acceso de la población a las infraestructuras y servicios».

Si se atendiera al dedillo a estas disposiciones, entre estas seis comunidades se repartirían el 83% de la inversión territorializada en toda España, lo que simboliza la dificultad de cumplir todas las peticiones.

Estas diferencias representan bien las trincheras que levanta la reforma del modelo de financiación autonómica entre comunidades que piden más fondos en base la despoblación o a la dispersión, como Castilla y León o a la población relativa, como Andalucía o Valencia. Cada indicador refleja las dificultades para prestar los servicios públicos que enfrenta cada región.

El Gobierno respetará lo incluido en los estatutos de Cataluña y Andalucía , lo que supondrá un aumento frente a los porcentajes que atrajeron el año pasado: Cataluña recibió en las cuentas de 2018 el 13,3% de la inversión total mientras que Andalucía captó el 14,6%. El Tribunal Constitucional consideró que estas disposiciones no eran «vinculantes» para el Gobierno de turno aunque el Tribunal Supremo sí dictaminó que la cláusula del Estatut de Cataluña comprometía al Estado a invertir como dispone. Como fuere, nunca se han cumplido al detalle para Cataluña, aunque en el caso de Andalucía sí ha habido algún año en el que la cuantía fue similar (por ejemplo, en 2014 fue del 17,4% del total).

El Gobierno pactó el cumplimiento del Estatuto de Cataluña en las inversiones en la Comisión Bilateral de hace unos meses celebrada con el Govern de Quim Torra . Este es uno de los guiños más claros a los independentistas catalanes para arañar su apoyo a las cuentas.