Bruselas exige reformas ya, pero el atasco en el diálogo social aleja los pactos a 2021

La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño , ya traza las líneas maestras de los nuevos cambios con las autoridades comunitarias pero las distintas visiones sobre las modificaciones en su Gobierno no se lo están poniendo nada fácil. La idea del Ejecutivo es presentar su porfolio de reformas en enero, pero el choque entre los ministros y los nulos avances en las mesas de concertación complican el objetivo. Para Bruselas el tiempo se agota : el sistema de pensiones hace aguas, ahogado en los números rojos y la deuda, y el mercado de trabajo suma una de las tasas de paro más altas en Europa, agravada aún más por la pandemia y por el desembolso de ayudas extraordinarias, que se han materializado en más de ocho subsidios en menos de dos años y en el despliegue de los ERTE, muy mal gestionados. Miles de afectados por regulaciones temporales de empleo y beneficiarios de prestaciones siguen sufriendo las consecuencias de un enredo burocrático que todavía provoca retrasos, errores en el reconocimiento de las ayudas y en el desembolso de las prestaciones.

A diferencia de la crisis de 2012, la Troika no impondrá las reformas; quiere que sea cada Estado el que diseñe los cambios, pero los cambios ya no pueden ser a medias tintas, tienen que llegar hasta el fondo. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá , ha logrado el aval del Pacto de Toledo para nuevas modificaciones en el sistema de pensiones, pero ahora quiere detallar los contenidos generales en el diálogo social. La concertación aún no discute sobre esta reforma pero será muy complicado que, por ejemplo, los sindicatos firmen cambios como un endurecimiento de la jubilación anticipada. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz , ya hizo públicos sus reparos sobre esta idea de Escrivá.

Mientras, Calviño analiza en Bruselas los números de esta reforma, servida por el Pacto de Toledo en 22 recomendaciones, entre las que se incluyen medidas que no convencen a las autoridades comunitarias, como ligar las subidas de pensiones solo al IPC o la ausencia de mecanismos de ajuste del gasto, como el Factor de Sostenibilidad, pospuesto hasta 2023, cuando comenzará a jubilarse la generación del «baby boom» . Bruselas quiere garantías de que los gastos podrán cubrirse sin recurrir más a deuda, que este año llegará a 100.000 millones.

Polémica entre las polémicas, está también la reforma laboral. Calviño y Díaz pelean por imponer una reforma laboral que apenas modificaría la actual, si triunfan las tesis de la vicepresidenta, y que derogaría parcialmente la reforma del PP si prevalecen las ideas de la titular de Trabajo, de Podemos y de parte del PSOE.

Esta es una de las reformas clave. Bruselas teme el momento en el que se retiren las medidas de protección de empleo, los ERTE, que concluyen el 31 de enero, igual que las empresas, que ya han pedido al Gobierno que amplíe este paraguas hasta finales de mayo. En previsión de lo que pueda ocurrir, las autoridades comunitarias ya exigen al Ejecutivo un plan de formación y reciclaje para los afectados por ERTE , en claro ascenso por la seg

unda ola, y la mayor parte pertenecientes al sector servicios.

En las instituciones europeas se da por sentado que la actual legislación se convertirá, de nuevo, en la herramienta clave para doblegar la destrucción de empleo. La evolución de los principales indicadores estadísticos inquieta a los técnicos europeos que vigilan nuestra economía y las perspectivas no son alentadoras. Europa apunta a España como uno de los países a los que deben prestar mayor atención; sus previsiones son de un desplome económico del 12,4% en 2020 mientras la OCDE ya destaca que nuestro país sufre la peor recesión del mundo después de Argentina.

En este escenario, contar con una norma flexible que, como la actual, permita a las empresas cambiar las condiciones laborales de sus trabajadores y bajar sueldos como alternativa a los despidos se convierte ahora en un factor clave para enfilar la recuperación económica y del empleo. Sánchez tendrá que ceder y renunciar, tanto a su programa de Gobierno como a sus acuerdos con Bildu.

La norma del PP recortó y facilitó el despido y dio vía libre a las empresas para bajar sueldos y cambiar las condiciones de trabajo con el objetivo de evitar extinciones. La indemnización improcedente se redujo de 45 a 33 días por año . También amplió las causas del despido objetivo, pero mantuvo la indemnización en 20 días. Y para los ERE se suprimió la autorización administrativa previa.

En el alcance de la nueva reforma que debe realizar España las posiciones de partida en el Gobierno son bien distintas. Calviño, en línea con la reforma del PP, defiende que los convenios de empresa prevalezcan sobre los sectoriales y por mantener en un año el límite de la ultraactividad. Díaz, como defiende Podemos , apuesta por los convenios sectoriales y por eliminar el límite de la ultraactividad, tal como figura en el acuerdo de coalición con el PSOE . Es decir, por mantener de forma permanente las condiciones de convenio hasta que se pacte uno nuevo de forma indefinida. En este enfrentamiento PSOE y Podemos están más cerca de Yolanda Díaz y, por tanto, más lejos de la vicepresidenta, alineada con Bruselas.

De momento, estos cambios en el mercado laboral no se han tocado en el diálogo social, enredado en una nueva legislación para los «riders», que no convence a la CEOE , que solo negociará en base a la sentencia del Supremo y traslará a la norma lo dicho por el Alto Tribunal sobre Glovo y Deliveroo. No es lo que pretende Díaz, que ya se vio obligada a retirar de la negociación un borrador en el que se creaba un registro de plataformas digitales y obligaba a estas empresas a desvelar los algoritmos aplicados para la organización de su actividad. Sin un avance en esta mesa no habrá negociación sobre la reforma laboral.