Blesa, sobre las 'black': «Eran de libre disposición y ni el Banco de España ni Hacienda pusieron tacha»

"He sabido más ahora del fundamento de esas tarjetas que cuando era presidente", ha dicho Blesa ante las preguntas del fiscal del caso Alejandro Luzón. El expresidente de Caja Madrid ha alegado que al llegar a la presidencia de la entidad en 1996 no revisó todas las decisiones y actos hechos hasta entonces y que bajo el principio de confianza, dijo, confiaba en que todo estuviese en orden. "Los órganos de control interno, como el de auditoría y la asesoría jurídica, y los externos, como el Banco de España y la Inspección Tributaria, nunca pusieron tacha alguna sobre esta retribución ni la forma de contabilizarla", ha añadido.

Blesa ha tratado de convencer al tribunal de que ese sistema de tarjetas opacas se trataba de un complemento retributivo de libre disposición para los consejeros y directivos de la caja, y no de gastos de representación que habría que justificar. En ese sentido, el exbanquero, como ya hiciera durante la fase de instrucción, ha vuelto a señalar al acuerdo del consejo de mayo de 1988 por el que la entidad, bajo la presidencia de Terceiro, aprobó un sistema de gastos de empresa mediante tarjetas. Sin embargo, para la acusación fue bajo el mandato de Blesa primero y de Rato después cuando se perrvirtió.

En este sentido, Blesa explicó que en la entidad había tres tipos de tarjetas de crédito. Las de clientes, emitidas por el comité financiero. Las de gastos de empresa, por el departamento de recursos humanos. Y las llamadas "black", que según su versión era competencia del presidente autorizarlas y fijar los límites. En ese sentido, Blesa admitió que fue elevando el límite de la cuantía de esas tarjetas según la caja fue creciendo. "Caja Madrid no era lo mismo en 1996, cuando tenía un balance de 30.000 millones de euros, que en 2009, cuando era de 20.000 millones, así que se fue adecuando la retribución de los consejeros y directivos al tamaño de la entidad y a su mayor implicación", defendió.

Así, donde más dudas ha mostrado Blesa es a la hora de defender ese sistema de tarjetas de crédito como parte de un cauce legal. Las sospechas del tribunal y la acusación es que estaban al margen de cualquier control. Es decir, que no se fiscalizaban. Por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción ha insistido en por qué, si se trataba de una remuneración salarial, no se declaraba a la Agencia Tributaria. Y en este punto Blesa ha vuelto a escurrir el bulto: pensaba que la entidad lo hacía en nombre de los consejeros y directivos. "Todo el mundo estaba en la creencia de que se hacía y no había por qué dudar de ello", dijo.

Su explicación, que no ha convencido al fiscal, es que el presidente estaba habilitado para fijar este sistema de retribuciones por el acuerdo del consejo de administración del 24 de mayo de 1988. "Ese era el circuito normativo", ha insistido. El fiscal, en ese momento, ha continuado: "¿Esa referencia a una tarjeta de gastos de representación habilita para gastos de libre disposición?". "Así se fijó", ha respondido Blesa, que bebía agua mientras escuchaba al fiscal.

Tras el interrogatorio a Blesa, la sala ha aplazado al próximo martes 4 de octubre la siguiente declaración prevista , la de Rodrigo Rato