Baleares se suma a Cataluña y cobrará la tasa turística desde julio

De este modo, Baleares se convierte en la segunda comunidad autónoma que cobrará este impuesto turístico , detrás de la mencionada Cataluña, y que ya es habitual en varias ciudades europeas y no ha supuesto en ningún caso merma de visitantes.

Tras la llegada a la alcaldía de Madrid de Manuela Carmena hubo rumores de que la capital podría sumarse también al cobro de este impuesto turístico, pero finalmente la propia Carmena desmintió esa posibilidad.

El Gobierno balear quiere que la nueva ecotasa comience a cobrarse el 1 de julio, en plena temporada turística, y supondrá el pago de una tasa diaria de entre 0,25 y dos euros para los visitantes del archipiélago mayores de 15 años que se alojen en establecimientos turísticos reglados, lo que supondrá una recaudación anual de unos 80 millones de euros. Estarán incluidas las viviendas vacacionales y los cruceristas.

Los fondos que se obtengan con este nuevo impuesto se destinarán al fomento del turismo sostenible y a la conservación de espacios naturales. Habrá una comisión con representación de instituciones políticas y agentes sociales que determinará las inversiones concretas, uno de los aspectos que genera más polémica.

En el caso de Cataluña , ha ocurrido otro tanto desde que se puso en marcha este impuesto, en noviembre de 2012, ya que una parte de la recaudación ha ido a parar a los ayuntamientos y a otras actividades de promoción, así como a infraestructuras turísticas. Cataluña ha recaudado alrededor de 40 millones anuales por este impuesto.

En el caso de Baleares se trata de la segunda vez que un gobierno de izquierdas pone en marcha un impuesto de estas características . El primer ejecutivo del Pacto de Progreso del socialista Francesc Antich (1999-2003) aprobó una ecotasa que fue derogada por el posterior gobierno autonómico presidido por el PPde Jaume Matas.

La patronal hotelera Cehat lleva años mostrándose en contra de implantar tasas al turismo , sean municipales, autonómicas o estatales, al margen de que reviertan en la Hacienda pública, la promoción del destino o la protección del medioambiente. Su principal argumento es que restan competitividad, tanto al sector como al destino, y rechaza muy especialmente que se obligue al hotelero a convertirse en su recaudador.