Los ayuntamientos ahorraron 32.000 millones durante el Gobierno de Rajoy

El peor momento para la cuenta de las corporaciones locales se dio en 2011. Acabaron aquel año con un agujero financiero -diferencia entre activos (dinero ahorrado) y pasivos (deudas)- de -47.763 millones de euros. Aunque esa cifra abarca a todas las entidades locales -municipales, provinciales e insulares-, en su gran mayoría corresponde a los ayuntamientos.

Desde aquel 31 de diciembre de 2011, desde ese agujero de casi 48.000 millones, las entidades locales entraron en una severa senda de austeridad que les ha supuesto ahorrar, en seis años, casi 33.000 millones de euros. Parte de ese ahorro se ha traducido en reducción de deuda financiera, y el resto ha servido para engordar el capital atesorado por las corporaciones locales -sobre todo sus cuentas bancarias-. Los datos, certificados por el Banco de España, son contundentes: al acabar 2011, estas administraciones sumaban unos activos financieros (capital en su poder) de 17.128 millones de euros; pero el pasado 31 de diciembre de 2017, esos activos se habían multiplicado hasta alcanzar los 33.237 millones. De ellos, 24.299 millones los tienen en efectivo y depósitos, casi 6.000 millones en acciones y fondos de inversión, y el resto en otros tipos de activos financieros.

Contando solo el dinero que tienen en cuentas bancarias, ha aumentado un 119% en seis años: de los 11.078 millones que tenían depositados a 31 de diciembre de 2011 se pasó a los 24.299 millones del 31 de diciembre de 2017. Y todo esto, mientras se han descargado de gran parte de su deuda (pasivos).

La crisis y los excesos

La deuda financiera total de las entidades locales llegó a rozar los 65.000 millones a finales de 2011. Fue su peor momento. Al calor del «boom» económico, abundaron los ayuntamientos que se instalaron en el exceso del gasto público. Cuando cayeron en picado los ingresos municipales ligados a la actividad inmobiliaria, el desequilibrio financiero quedó al desnudo. Los ayuntamientos que más habían incurrido en el exceso se asomaron al abismo de la quiebra. El Estado tuvo que acudir a rescatarlos con inyecciones extraordinarias de capital, caso del Plan de Pago a Proveedores.

A cambio de ese auxilio, el Gobierno impuso unas estrictas condiciones para meter en cintura a las corporaciones locales. «El problema es que se aplicó el mismo ‘medicamento’ a todos por igual, incluso a los ayuntamientos que nunca dejaron de estar saneados o no atravesaban problemas críticos y que, sin embargo, injustamente, también se vieron sometidos a esas medidas excepcionales», indica el presidente de la Comisión de Haciendas Locales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Javier Rodríguez Palacios, que también es alcalde de Alcalá de Henares.

Se empujó a los ayuntamientos a generar superávit para amortizar deuda. Las limitaciones al gasto público y a la inversión hicieron que, de inmediato, empezara a mejorar la cuenta financiera agregada de las entidades locales. En solo un año, en 2012, el agujero financiero del sector público local se redujo en casi 3.000 millones de euros. El saldo financiero neto, la diferencia entre dinero ahorrado y dinero adeudado, rozaba los -48.000 millones a finales de 2011, mientras que al acabar 2012 ya estaba por debajo de los -45.000 millones de euros. En 2013, ese agujero financiero se redujo en otros 6.000 millones; en unos 5.400 millones adelgazó en 2014, y en casi 8.000 millones en 2015.

El saneamiento de las entidades locales ha seguido durante el último bienio a un ritmo considerable. En 2016 redujeron su agujero financiero en 7.000 millones, y en prácticamente otro tanto durante 2017. En total, acabaron el último año con un saldo financiero neto de -15.000 millones de euros. Actualmente, sus pasivos (deudas) «solo» son un 45% superiores a sus activos (capital); a finales de 2011 los pasivos eran un 279% mayores que los activos. Dicho de otra forma: en seis años, las entidades locales han adelgazado su agujero financiero en casi un 70%.

Inversiones

¿Por qué esas estrictas recetas de control del gasto no se aplicaron de igual forma -y con el mismo efecto- en las autonomías? A juicio del presidente de la Comisión de Haciendas Locales de la FEMP, porque el Ministerio de Hacienda le fue «mucho más sencillo controlar a 8.000 pequeñas administraciones» que a los grandes centros de poder autonómico.

Ahora -insiste Rodríguez Palacios- le toca al Estado levantar los vetos que en su día impuso a la inversión municipal. Este año han empezado a suavizarse, pero solo parcialmente. La FEMP subraya que ha de devolverse la autonomía inversora, definitivamente, a todas las corporaciones locales «que estén en la senda de la racionalidad financiera y cumplan con los parámetros de solvencia». Además, reclama al Gobierno central que afronte la reforma de la financiación municipal, «porque la realidad es que los ayuntamientos están mal financiados».