Anticorrupción pide cuatro años para la excúpula de Banco de Valencia por «maquillar» sus cuentas

En concreto, Anticorrupción ha acusado a 14 personas físicas y 12 personas jurídicas como responsables civiles subsidiarios por delito societario continuado de falsedad . Solicita cuatro años y medio de prisión para el expresidente del banco, José Luis Olivas, y su exconsejero delegado Domingo Parra; y tres años para los vicepresidentes del Consejo y de la Comisión Ejecutiva Antonio Tirado y Celestino Aznar, y los consejeros Agnes Noguera, José Segura y Silvestre Segarra.

Asimismo, ha solicitado condenas de dos años y seis meses de cárcel para los también consejeros en aquella épooca Manuel Olmos, Irene Girona, María Dolores Boluda, José Luis de Quesada, Pedro Muñoz -que además presidía el comité de auditoría--, y Federico Michavila, mientras insta un año y medio de prisión para el socio auditor de Deloitte que firmó las cuentas Miguel Monferrer.

Según ha apuntado en el escrito de acusación, Banco de Valencia, en una política expansiva contraria a las recomendaciones que le dirigió al hilo de la crisis de las subprime el Banco de España en mayo de 2007, pasó de contar con 97 millones de capital social en diciembre de 2003 a 118,3 en diciembre de 2009, presentando para aquel año un balance total de 22.792 millones de euros y repartiendo, en todos estos años, dividendos a los accionistas.

«La política expansiva marcada por el Consejo de Administración del Banco de Valencia, e implementada por su consejero delegado de conformidad con el mismo, se mantuvo, basándose en la aplicación de políticas de crédito caracterizadas por su escasa prudencia y elevado riesgo , haciendo posible el crecimiento por la financiación de operaciones de importe elevado, desproporcionado para el balance, para los recursos propios y para la capacidad de gestión del propio banco», ha afirmado la Fiscalía Anticorrupción en su escrito.

Explica que en muchas ocasiones, lo hicieron a costa de « créditos basados en meras expectativas especulativas de los suelos que se financiaban con los mismos», confiando en que sus problemas se resolverían con el respaldo que suponía tener como accionista principal a Bancaja y la perspectiva de ampliar capital en el futuro.

Sin embargo, los « reales malos resultados que acaecieron en el ejercicio 2009» podían dañar estos planes del Consejo de Administración y una pérdida de recursos, por lo que según la Fiscalía, la Comisión Ejecutiva primero y el Consejo de Administración, después, pese a ser conocedores de los datos reales de morosidad, acordaron efectuar una maniobra contable para «maquillar» esas cifras negativas y aprobaron unas cuentas ese año y al siguiente que «no reflejaron la imagen fiel de la entidad bancaria».

De hecho, «la falacia», conforme recoge el escrito del Ministerio Público, de aquellas cuentas quedó acreditada el 17 de febrero de 2011 por el Banco de España , en un informe que destacaba la existencia de un déficit de provisiones a 31 de diciembre de 2010 de 197 millones de euros. En julio de aquel año, el Supervisor elevó la cifra a 819 millones de euros y concluyó que, además, el banco tenía dudosos no registrados por 718 millones de euros y subestándar por 1.434.

Al encontrar un delito continuado de falsedad en las cuentas , la Fiscalía Anticorrupción pide que además de los 14 directivos del banco se sienten en el banquillo por este presunto delito 1 2 personas jurídicas como responsables civiles subsidiarios: Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, (BANCAJA); Operador de Banca Seguros vinculado de ese grupo; Valenciana de Inversiones Inmobiliarias, S.L., Bankia Hábitat S.L.; Bancaja Centro de Estudios S.A; Bankia S.A, Banco Financiero y de Ahorro, Tenedora de Acciones, S.L.U; Libertas; Macomar Inver, S.L.; Minaval, Montepío Loreto Mutualidad de Previsión Social y Fundación Bancaja.