La Airef reclama subir el IVA reducido y otra fiscalidad para planes de pensiones

Las conclusiones del informe representan una suerte de deberes económicos para el Gobierno . El Ministerio de Hacienda ya ha dejado caer que incorporaría las recomendaciones de la Autoridad Fiscal para diseñar los Presupuestos de 2021.

Entre las recetas de la Airef se encuentra una revisión al alza del IVA superreducido (4%) y reducido (10%) , que tuvieron en 2016 un coste total de 17.786 millones (5.323 millones el primero y 12.463 millones el segundo) y restan, según la organización, el 2,1% del PIB, nueve décimas más que la media europea. También el tipo efectivo es más bajo en España: 11,1% respecto al 14% de la media de la UE.

La institución considera en su informe que este beneficio fiscal sí cumple su objetivo, porque «facilita el acceso a bienes y servicios de primera necesidad, sociales, culturales o estratégicos». Pese a ello, puntualiza que «desde el punto de vista distributivo» los tipos reducidos y superreducidos no son «eficientes» , porque incluyen bienes que son consumidos por rentas altas. El 61% del beneficio generado por los tipos reducidos, explica en su informe la Airef, beneficiaría a estas rentas. Es por ello que la organización presidida por Cristina Herrero propone revisar el gravamen de, entre otros, restauración, hostelería, transporte, libros y prensa, bienes en los que más del 70% del beneficio fiscal de estos tipos recaería en rentas medias-altas, según la Airef.

Ayer, durante la presentación del informe, la presidenta de la Airef destacó que determinadas políticas de gasto «serían más eficientes para beneficiar a colectivos vulnerables y sectores estratégicos» que estos tipos. La Airef considera que si se suprimieran los incentivos del IVA la recaudación rondaría los 14.000 millones de euros , una vez descontado el impacto que tendría esta medida en el consumo. Instituciones como el FMI y la Comisión Europea ya han solicitado al Ejecutivo que revise los tipos reducidos del IVA.

El análisis de la Airef deja en una posición todavía peor a las desgravaciones por aportaciones a planes de pensiones. La institución considera que estos incentivos, que tienen un coste de 1.643 millones de euros (450 millones si se tiene en cuenta el diferimiento fiscal), ni siquiera cumplen su objetivo, y pueden resultar negativos para un conjunto amplio de ahorradores «una vez que se tienen en cuenta la fiscalidad de las prestaciones en el momento de la jubilación, las comisiones de los planes de pensiones y la tasa de preferencia intertemporal».

Las desgravaciones ligadas a los planes de pensiones privados, en el punto de mira del Gobierno, son utilizadas fundamentalmente por rentas altas , que copan el 60% de este incentivo fiscal. Sin embargo, para la Airef son las rentas bajas las que se beneficiarían en mayor medida de los incentivos fiscales a los planes de pensiones privados, pero su escasa capacidad de ahorro impide que accedan a ellos. Esta escasa repercusión se refleja en las aportaciones: según el organismo, los españoles apenas ahorran 11.000 euros a través de estos instrumentos. Por todo ello, la institución propone la «reformulación completa de este beneficio fiscal», en consonancia con las recomendaciones que se alcancen en el Pacto de Toledo sobre estos planes privados.

Otra de las políticas fiscales cuestionadas por la Airef es la tributación conjunta de la Renta, que tiene un coste de 2.393 millones para las arcas públicas . La institución avisa que, si bien permite salvaguardar la progresividad del IRPF y beneficiar a los hogares que solo tienen un perceptor, también desincentiva la participación laboral de las mujeres. Estas son el segundo perceptor en el 84% de los hogares españoles, según los cálculos de la Airef. Por ello, la organización propone suprimir este incentivo paulatinamente , en consonancia «con otros países europeos». «Cuantitativamente, las mujeres que obtienen un ahorro marginal al hacer tributación conjunta declaran casi 3.000 euros de renta laboral menos que aquellas para las que la tributación conjunta supone un coste marginal», explica la organización en el informe publicado ayer.

En el ámbito de la vivienda, la Airef pone en valor la reducción del IRPF por alquiler (que genera un impacto de 1.039 millones de euros para el Estado) aunque considera que debería reformularse para facilitar el acceso al mercado de colectivos vulnerables, como los jóvenes. «España destina menores recursos al alquiler social que otros países europeos, por lo que el beneficio fiscal debería reorientarse para que sea más generoso para los individuos de rentas medias y bajas de grandes áreas metropolitanas», alertan desde la institución.

La Airef considera que el índice de precios del alquiler publicado hace escasas semanas por el Ministerio de Transportes puede ser una buena herramienta para reorientar esta medida e incentivar que los caseros alquilen sus viviendas a jóvenes y otros colectivos vulnerables.

Una de las incógnitas que no aclara el informe es la idoneidad de los incentivos fiscales para las sicav y las socimis. En el caso de las primeras, la Airef da por hecho que estos instrumentos han permitido atraer inversión, pero también considera que le faltan datos para determinar en qué medida. Lo que sí constata es «una elevada concentración de la inversión en manos de un número limitado de accionistas que hace dudar de la naturaleza colectiva de la inversión», que tiene que estar formada por 100 integrantes. Según sus cálculos, en el 36% de las sicavs un accionista tiene más del 90% de la sociedad y en el 69% un solo accionista controla más del 50% de los títulos. Por ello, reclama reforzar el control sobre estas sociedades.

La posibilidad de imponer un impuesto al diésel para equiparar de forma progresiva su tributación a la de la gasolina también es escrutada por la organización. El tipo especial para los dos es actualmente de 72 euros por cada 1.000 litros, pero difieren en el tipo general, que para el gasóleo es de 307 euros por cada 1.000 litros y, para la gasolina, de 400,69 euros por esa misma cantidad. Esto supone una diferencia de cerca de cinco euros por un depósito medio de 50 litros.

La Airef recuerda que esta diferenciación entre un combustible y otro se llevó a cabo para «proteger el sector del transporte por carretera a nivel comunitario , que se consideraba como estratégico y que era el principal usuario del gasóleo». Un objetivo que, en la actualidad, «entra en contradicción con la política medioambiental y la prioridad de medios de transporte menos contaminantes». Como en anteriores ocasiones, la institución insiste por actualizar la fiscalidad de ambos, una medida que ya ha sido barajada en distintos momentos por el Gobierno de Sánchez y que permitiría, según sus cálculos, incrementar la recaudación en 2.400 millones.