El agujero financiero del Gobierno se dispara y hunde la inversión en plena crisis

Hasta el 31 de mayo -último dato oficial disponible-, el déficit de caja del Gobierno -sin contar operaciones financieras de deuda- ascendía a 26.728,94 millones de euros , un 236,8% más que en el mismo período del año anterior. Es decir, a la caja del Gobierno le faltaron hasta el 31 de mayo 26.728,94 millones para cuadrar ingresos y gastos contantes y sonantes. Así que ha tenido que pedir prestado todo ese dinero, y más, porque como también ha tenido que cumplir con sus prestamistas del pasado (amortizaciones de deuda), hasta el 31 de mayo el Ejecutivo de Sánchez tuvo que suscribir nueva deuda por valor de 65.812 millones de euros , un 300% más que hace un año.

Tras este enorme agujero está la crisis del Covid, pero no es la única causa. El mazazo económico del coronavirus ha caído en unas arcas públicas que ya estaban instaladas en el desajuste galopante. Y eso es lo que ahora le va a tocar explicar a Sánchez ante sus socios europeos, que le exigen cuentas antes de confiarle el dinero que ha solicitado a la UE para capear el tsunami económico. Los socios del norte han dejado claro que no están por la labor de otorgarle a Sánchez un cheque a fondo perdido. Y, además, lo que le presten quieren que sea con condiciones, que ese dinero conlleve una corrección del rumbo económico del Gobierno.

Por eso, las cuentas de Moncloa son un problema por partida doble: por un lado, porque entorpecen la recuperación del tejido productivo nacional; por otro, porque dificultan la llegada de fondos de la UE, cuyos socios recelan de las recetas de Sánchez y fruncen el ceño ante las cuentas que presenta el sector público español . Y ese dinero de la UE es muy necesario para mantener a flote la economía española, la pública y la privada.

Uno de los aspectos que le resulta difícil de explicar al Gobierno PSOE-Podemos ante los socios europeos es cómo, en una fase expansiva que se mantenía en 2019, con una recaudación tributaria creciente, ha hundido la inversión, ha disparado el gasto corriente y ha engorda el déficit y la deuda en vez de contenerla, como mínimo.

Por las negativas consecuencias que tiene para la economía productiva, destaca especialmente el binomio más gasto-menos inversión del actual Gobierno. Los datos son elocuentes: en 2019, primer año completo de Sánchez en la Moncloa, invirtió casi 500 millones de euros menos que en 2017 -último año completo del Gobierno Rajoy- , pese a haber manejado 7.300 millones más en su presupuesto de gastos no financieros -el que excluye la parte relativa a operaciones de deuda pública-. Eso sí, a cambio, los gastos de personal se dispararon un 8,4%: en 2019: el Gobierno central se gastó en sueldos 1.335 millones de euros más que en 2017. El gasto ordinario en bienes y servicios aumentó un 15,8%. Y el de las subvenciones corrientes -no para inversiones- creció un 5,7%: Sánchez repartió el año pasado 7.714 millones más que en 2017.

El resumen: el gasto corriente global del Gobierno fue en 2019 un 5,7% mayor que en 2017, pero las inversiones se recortaron un 3,4%. Y eso que la inversión ya estaba en mínimos.

Otro dato revelador al respecto: justo antes del Covid, el gasto corriente ya se tragaba el 91,4% del presupuesto no financiero del Gobierno, mientras que las inversiones solo suponían el 8,6%. Y eso que entonces había dinero, algo que ahora escasea con una economía agrietada por el Covid, lo que ha desplomado la recaudación tributaria y, encima, aumenta los gastos públicos en prestaciones.

Una inversión pública hundida, cautiva de unas cuentas con números rojos multiplicados, es un problema especialmente grave en un momento como el actual. Los expertos coinciden en que, ante este crítico panorama, una palanca fundamental para reactivar la economía es lanzar un acertado programa de inversiones públicas, bien seleccionadas y que tengan una repercusión práctica en términos de generación de riqueza presente y futura -al contrario de lo que ocurrió con el fiasco del Plan «E» de Zapatero -.

El problema para poner en práctica la fórmula de la inversión pública productiva es que son tantos los gastos estructurales que el Gobierno no tiene margen. Y justo lo que no quieren los socios europeos del norte es prestarle dinero a España para que siga regando sus descabalgadas cuentas sin corregir el rumbo y sin que esos fondos lleguen realmente al tejido productivo.

Si ahora mismo el problema es cómo mantener todo el gasto «social» y burocrático ordinario, pensar en reforzar las inversiones es un quimera, coinciden los expertos consultados por ABC. Y la tentación de subir impuestos en vez de recortar la costosa «grasa» administrativa y gastos estructurales improductivos es un amenazante nubarrón para empresas y particulares azotados por la crisis.

«El gasto está desbocado y, como todo se paga a base de más deuda, parece que no hay problema.Pero ha llegado la crisis del Covid y nos encontramos con un gasto público desbocado por parte de quienes parece que creen que el dinero sale de los árboles», afirma Juan Carlos Higueras, profesor de EAE Business School . «En una situación como la actual, un gobierno debería actuar como lo haría cualquier familia sensata, revisar qué gastos hay en el hogar, decidir cuáles son importantísimos y cuáles prescindibles. Pero, lejos de hacer ese ejercicio, el Gobierno está gastando cada vez más pensando que iba a llover el dinero de Europa», afirma.

Para este experto, resulta imprescindible «recortar la costosa ‘grasa’ de los aparatos del Estado, ese gasto prescindible, tantas duplicidades, tantas estructuras improductivas... y no solo en la Administración General del Estado sino también en las entidades locales y en las comunidades autónomas, que son las que más funcionarios tienen».

Pero Juan Carlos Higueras se confiesa pesimista. Ni ve al Gobierno dispuesto a meter en cintura el gasto corriente ni ve factible un gran acuerdo entre partidos para podar la gran estructura de un Estado lleno de múlitiples niveles administrativos que salen excesivamente caros. Y mientras siga la actual estructura de gasto público, la recesión va a encontrar el terreno abonado, advierte.

«Lo que hace falta es aumentar la inversión productiva , la que genera empleo, la que genera más rentas y, con ellas, más recaudaciones que permiten sostener el Estado y sus servicios públicos». Sin embargo, ve a las autoridades aferradas a la consigna de «aumentar el gasto en vez de la inversión, y pensar que ya vendrá el dinero de algún sitio o, en su defecto, meter un hachazo fiscal a los que siempre pagan.pero esto será pan para hoy y hambre para mañana», insiste Higueras.

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich , cree «sorprendente» que, tras cinco meses de crisis del Covid y con unas demoledoras previsiones de caída del PIB, «el discurso del gasto público siga sin ir acompañado de en qué se gasta, de qué manera y cómo gastar para que ese dinero sea más eficiente». «Este discurso sigue sin calar en el Gobierno, y tampoco en los ejecutivos autonómicos y en los locales», lamenta.

Pich urge a las autoridades a que corrija el rumbo y apueste por nuevas políticas económicas. «Va a haber cada vez menos ingresos, más gastos y horizontes sin despejar que van a obligar a exigirnos sacrificios, posiblemente a subir los impuestos. Y cuando se exigen sacrificios debe haber un discurso creíble ante aquellos a los que exiges esos sacrificios» , indica.

El presidente del Consejo General de Economistas cree que «aún no parece que existe consciencia real de la magnitud del desastre», un panorama que hace imprescindibles «reformas de calado en el funcionamiento de las administraciones, porque, de lo contrario, el gasto corriente se nos va a comer». Pero, advierte: «hace falta mucho liderazgo, objetivos claros y priorizar para acometer esos cambios radicales, que son difíciles de llevar a la práctica en un país tan descentralizado y complejo como el nuestro».

Para empezar, de cara al tejido productivo, Pich reclama al Gobierno que «clarifique panoramas, que cree un marco legal lo más estable y favorable para aquel que quiera invertir y arriesgar, y para retener las inversiones nacionales e internacionales que ya están en España».

Juan Velarde, catedrático emérito de Economía y premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales , asegura que es urgente reducir el gasto público estructural para liberar recursos con los que aumentar la inversión sin desbocar el déficit más de lo que ya está. Recuerda que la crisis del Covid ha estallado con «un déficit extraordinario del sector público que ha quedado como herencia de la situación anterior y que dificulta muchísimo más la recuperación».

«Habría que reordenar estructuralmente el gasto público en España, de arriba a abajo» , afirma el profesor Velarde. E insiste en que España se asoma al reto de fomentar la inversión pública productiva, reducir el gasto corriente, afrontar los crecientes costes sociales y en prestaciones derivados de la crisis, y al mismo tiempo embridar el déficit. Un complejo engranaje en la que, según Velarde, el déficit es la pieza más complicada en este espinoso círculo que se tiene que cuadrar.

Por si fuera poco, la dificultad para contener la pandemia multiplica el problema. La proliferación de nuevos brotes del Covid «lo complica todo mucho más todavía», afirma.

«La situación económica la veo realmente muy dura», confiesa Juan Verlarde, quien advierte que una subida de impuestos no haría más que agravar el problema. «Esa ocurrencia, de llevarse a la práctica, lo empeoraría todo. No podemos aumentar los impuestos, hay que eliminar gastos», insiste.