Comienza el juicio por las prejubilaciones millonarias en la caja Novacaixagalicia

Según el escrito de acusación del fiscal, los exdirectivos José Luis Pego, Óscar Rodríguez y Gregorio Gorriarán decidieron modificar sus contratos de alta dirección para garantizarse una jugosa indemnización si abandonaban la entidad, una decisión que ya tenían planeada ante la inminente «bancarización» de las cajas.

Los banqueros promovieron este plan «ante la complicada situación financiera de ambas cajas, en pleno proceso de fusión y con pleno conocimiento» de lo que estaban haciendo. La Fiscalía les considera a los tres autores de un delito de apropación indebida alternativamente con uno de administración desleal.

Para consumar su plan, los tres exdirectivos «contaron con la colaboración» de Julio Fernández Gayoso, entonces presidente de Caixa Nova y que conservó dicho cargo en Novacaixagalicia , y de un especialista en Derecho Laboral, el asesor Ricardo Pradas Montilla. El fiscal pide para ellos la misma pena como cooperadores necesarios en la consumación de los delitos.

El cargo de Fernández Gayoso le obligaba, además, a tener «la mayor diligencia en la salvaguarda de los intereses de la entidad, ya que presidía no sólo el Consejo de Administración, sino también la Comisión de Retribuciones y de Nombramientos». Las prejubilaciones incorporadas en los contratos fueron ocultadas a la Comisión de Retribuciones y al primer Consejo de la nueva entidad que resultó de la fusión de las dos cajas, «con la deliberada intención de esconder» las indemnizaciones. Tampoco fueron aprobadas previamente por el Banco de España.

Las prejubilaciones ascendieron a 7,7 millones en el caso de Pego; 691.261 euros en el caso de Rodríguez Estrada; 4,8 millones en el de Gorriarán; y 5,65 millones para un cuarto directivo: Francisco Javier García de Paredes. El agujero total sumó unos 18,91 millones, lo que equivale al 29% del valor de la entidad antes de la segunda intervención del FROB, explica el fiscal del caso.

Las irregularidades cometidas, que también supusieron ignorar las normas reguladoras del sector financiero, serían causa, además, de la nulidad de pleno derecho de los contratos firmados. El fiscal exige que los directivos paguen una indemnización de 18 millones.

Hasta que unieron sus caminos en Novacaixagalicia, ambas cajas gallegas se metieron en problemas al calor del ladrillo y unas inversiones y créditos otorgados lejos de cualquier control. Tapar ese agujero le costó a las arcas públicas unos 9.042 millones de euros , de los que 8.780 millones se dan por perdidos.