Juicio a las cajas de ahorro: la fiesta que acabó en los tribunales

Después de años de investigaciones llega el momento de los juicios. Al menos nueve exdirectivos de tres extintas cajas de ahorro (Caja del Mediterráneo, Novacaixagalicia y Caja Castilla-La Mancha) serán juzgados en 2015 en la Audiencia Nacional. La primera condena a exdirigentes de estas entidades llegó el pasado mayo, cuando la cúpula de Caixa Penedés, que llegó a ser la tercera caja de Cataluña, fue condenada por asignarse millonarias pensiones esquivando los controles pertinentes. Los cuatro exdirectivos evitaron al final la cárcel al devolver 28,6 millones de euros de tales pensiones a BMN.

Estos excesos han supuesto una gran factura a España. La caída de las cajas, arrastradas por su exposición a la burbuja inmobiliaria, ha costado 61.495 millones de euros en ayudas directas. El Estado destinó más de 44.000 millones solo en los rescates de Bankia, Catalunya Caixa y Novagalicia.

Los gestores, que llevaron a la deriva a sus entidades, ignoraron el espíritu prudente de las cajas tradicionales y financiaron operaciones con dudoso sentido económico. Perdieron el respeto al riesgo. Según datos recogidos por Adicae, estas entidades tuvieron una tasa media de cobertura -índice que mide la relación entre los depósitos y los créditos concedidos- mucho más baja que los bancos. Estaban expuestas; la crisis las destapó.

La resaca de la fiesta se digiere ahora en los tribunales. El pasado jueves 22 de enero la Audiencia Nacional celebró la primera sesión del juicio contra dos exdirigentes de la CAM, entidad que necesitó una ampliación de capital de 5.249 millones financiada con fondos públicos. El Banco de España la adjudicó a Banco Sabadell a cambio de un euro.

El exdirector general de la entidad Roberto López Abad y el expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés están acusados de facilitar el cobro de dietas abusivas y de conceder créditos irregulares. Otras 22 personas son juzgadas como partícipes a título lucrativo; es decir, como posibles responsables civiles del perjuicio económico ocasionado.

Según los escritos de acusación del fiscal y de la propia CAM a través del FROB, ambos se enfrentan a penas de hasta 14 y 16 años de prisión por los supuestos delitos de apropiación indebida, administración desleal y un delito societario. Avilés, además, también será juzgado por un supuesto delito de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de terceros.

La Fiscalía considera que la entidad creó la comisión de control con la clara intención de burlar los controles de los límites de sus retribuciones. La segunda irregularidad investigada es la concesión de 16,6 millones de euros en préstamos a sociedades de Avilés.

No es la única causa que señala a la antigua cúpula de la CAM. Su expresidente Modesto Crespo está imputado por un supuesto delito de apropiación indebida al cobrar 300.000 euros de forma irregular. Javier Gómez Bermúdez es el juez instructor.

Otro de los casos que llegará a juicio oral este año es el de las cajas gallegas, hoy agrupadas en Novagalicia Banco. El pasado julio el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno abrió juicio oral a cinco exdirectivos de Caixa Galicia y Caixanova -que se fusionaron en una Novacaixagalicia que tuvo que ser nacionalizada- por adjudicarse prejubilaciones millonarias cuando la entidad estaba a punto de ser intervenida por el FROB.

Todos ellos están acusados de un supuesto delito de apropiación indebida y se enfrentan a tres años de cárcel. Se trata del expresidente Julio Fernández Gayoso, los exdirectivos Javier García de Paredes, José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada, así como del letrado Ricardo Pradas, quien ejerció de asesor. Hasta que unieron sus caminos, ambas cajas se metieron en problemas al calor del ladrillo y unas inversiones y créditos otorgados lejos de cualquier control. Tapar el agujero requirió 9.052 millones de euros del Estado. Unos 8.780 millones se dan por perdidos.

El último caso que se encamina a la vista oral es el de CCM- la primera caja rescatada de la crisis- cuyos dirigentes serán juzgados por dejar a la entidad en estado casi moribundo.

El expresidente Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector general Ildefonso Ortega, a quienes el juez Pablo Ruz impuso una fianza de 138 millones de euros, están acusados de los supuestos delitos de administración desleal y falseamiento de las cuentas anuales.

La investigación ha desvelado indicios de que ambos exdirectivos perjudicaron a la entidad al conceder y refinanciar créditos con una «notoria desproporción» entre el riesgo y la probabilidad de recuperar los préstamos.

Según las acusaciones, que solicitaron penas de prisión de hasta 5 años y medio, la gestión irregular del exdiputado del PSOE y su número dos -«deficiente control en la gestión del riesgo, el incremento de la morosidad, deterioro de inversiones ligadas al sector promotor»- pusieron en peligro la supervivencia de la entidad financiera.

El Banco de España invervino el 29 de marzo de 2009 la caja, que recibió una inyección de dinero público por 9.000 millones de euros. En las cuentas de 2008, Moltó y Ortega ignoraron los ajustes que solicitó el supervisor y presentaron unos beneficios de 29,86 millones. La realidad era otra: unas pérdidas de 182 millones.

Pero no solo de las cajas viven los tribunales . Otros empresarios y banqueros, como Gerardo Díaz Ferrán, Rodrigo Rato, Miguel Blesa o Manuel Fernández Sousa, están acorralados por la Justicia por sus excesos en sus empresas. Se acabó la fiesta.