Atenas aprueba la readmisión de los funcionarios despedidos

La ley, que se titula «Democratización de la Gestión Administrativa, Lucha contra la burocracia y la administración electrónica, Restauración de injusticias y otras disposiciones» ha sido presentada por el ministro del Interior y Reforma Administrativa Yorgos Katrugalos. Esta medida se convierte en la respuesta del Gobierno heleno para remediar la situación de los funcionarios y empleados estatales que fueron despedidos del sector público tras haber estado unos meses «disponibles». En este periodo cobraron dos tercios de su sueldo mientras se les buscaba otra utilidad en la administración griega.

Cerca de 13.000 empleados se ven afectados por esta medida, dado que el resto de implicados en este caso se fueron prejubilando. Entre los que volverán a sus trabajos están 3.900 despedidos, entre los que se encuentran las limpiadoras del Ministerio de Finanzas y las oficinas de recaudación de Hacienda, los guardas de las escuelas públicas, los policías municipales y parte del personal administrativo de las universidades del país.

Esta ley, encuadrada dentro del programa electoral del partido radical, contradice directamente las iniciativas aprobadas en Grecia durante el segundo rescate de Europa , dado que el Estado se había comprometido a acordar con los prestamistas cualquier medida que tuviera repercusión económica antes de llevarla a votación en el parlamento. A pesar de ello, tanto el primer ministro Alexis Tsípras como sus ministros han dejado bien claro que no necesitan consultar con la Troika para aprobar leyes que consideran necesarias.

El propio ministro Katrúgalos anunció en el Parlamento que esta ley era el primer paso para reparar las injusticias extremas y devolver la legalidad al sistema administrativo griego, algo que el Gobierno griego considera de importancia vital.

Por otra parte, la oposición ha subrayado que la nueva ley no solo da un paso hacia atrás en las reformas destinadas a mejorar y abaratar la administración local, sino que elimina la obligación de efectuar una evaluación anual para los funcionarios y toda promoción basada en sus méritos profesionales. También interpreta esta medida como otro paso atrás en el ámbito de la transparencia, dado que la ley permite que entren en vigor decisiones ministeriales antes de haber seguido el proceso utilizado durante los últimos años, por el que todo proyecto de ley , decisión, nombramiento o contrato relacionado con la administración pública debía ser anunciado digitalmente con anterioridad.

Justo en la fecha en la que el Gobierno de coalición entre Syriza y Griegos Independientes cumple cien días de al frente de Grecia, muchos medios la habilidad negociadora de Tsipras. Todo ello a pesar de que su programa electoral contradecía muchas de las medidas y reformas efectuadas en la Administración del Estado desde el 2010, necesarias para disminuir su ineficacia.

Aún así, y para cumplir su palabra, Tsipras ha aprobado tres leyes básicas: la de la ayuda humanitaria (eso si, reduciendo su alcance y su coste), la que permite el pagar los impuestos atrasados en cien plazos –reduciendo o eliminando las multas acumuladas– y la aprobada esta madrugada.

El primer ministro griego ha llevado la negociación del futuro del país y la prorroga del segundo rescate hasta el final: negociando directamente o utilizando a su carismático ministro de Finanzas Yánis Varufakis, realizando viajes y contactos directos. A pesar de ello no ha conseguido conseguir presentar programas concretos ni una solución política a largo plazo para la abultada deuda pública del país. Aún con todo, en las últimas semanas los griegos han comenzado a poner números a las propuestas concretas.

En estos tres meses el apoyo popular inicial de la población ha comenzado a reducirse: el último sondeo efectuado por la Universidad de Macedonia para la televisión Skai muestra que el 52% de los encuestados considera que su situación económica personal es peor que hace un año. Ante la pregunta de qué nota pondrían a las políticas del Gobierno ante el desempleo, el desarrollo económico o la protección social, el actual ejecutivo no consiguió aprobar en ninguna materia. Eso sí, ante la disyuntiva sobre si un gobierno liderado por el anterior primer ministro, el conservador Andónis Samarás , sería mejor o peor, el 56,5 % fue tajante: sería peor.

Y es que en los hogares griegos la esperanza es lo último que se pierde: poca gente es consciente del peligro cercano de un default y de un corralito, mientras escuchan al Gobierno hablar de optimismo y mejora en las negociaciones. Lo que sí ven es como los propios ministros del Gobierno llegan a contradecirse los unos a los otros, sobre todo en temas críticos como los de las privatizaciones así como en reformas de temas laborales y de pensiones.

Por su parte, el portavoz gubernamental Gabríl Sakelaridu ha declarado en su primera comparecencia a los medios extranjeros el pasado lunes que lo mejor conseguido hasta ahora había sido la aprobación de la ayuda humanitaria (que aún no se implementa) y el pago aplazado de los impuestos. Lo negativo, la crisis de liquidez en la economía real y la profunda preocupación tanto los trabajadores como quienes ofrecen empleo en el sector privado.