Banca Privada de Andorra, intervenida por blanquear dinero del crimen organizado

Esta misma tarde, y según fuentes cercanas a la entidad consultadas por ABC, el regulador ha mantenido una reunión con el consejo de administración de la entidad, propiedad de la familia Cierco Noguer, para trasladarle los términos y condiciones de la intervención. La entidad dispone ahora de 60 días para presentar sus alegaciones y explicarse. Entre las medidas que han planteado las autoridades estadounidenses, destinadas a limitar su capacidad operativa, están prohibir a las entidades de Estados Unido operar con BPA, medida que afecta a toda la red y las filiales de la entidad, por tanto también a Banco Madrid, que compró en julio de 2011.

El Tesoro de los Estados Unidos ha acusado al grupo financiero andorrano de canalizar fondos procedentes de organizaciones criminales de países como Venezuela, Rusia y China a cambio de comisiones. «El 6 de marzo de 2015, la directora de la Red de Lucha contra las Crímenes Financieros (FinCen) encontró motivos razonables para concluir que BPA es una institución financiera bajo sospechas de primera magnitud de que está operando fuera de los Estados Unidos lavando dinero», dice el organismo norteamericano.

En concreto, las autoridades estadounidenses apuntan en un acta a que «altos cargos de la entidad han facilitado transacciones para blaquear capitales prestando servicios a personas y organizaciones involucradas en el crimen organizado, la corrupción, el contrabando y el fraude». «Esos altos cargos mantenían nua relación estrecha con esos terceros», añade el FinCen, que les acusa de llevar a cabo esas prácticas ilícitas a cambio de «comisiones desorbitadas».

Así, por ejemplo, la investigación detalla que entre 2011 y 2013 un alto cargo de Banca Privada de Andorra prestó asistencia en ese sentido a la mafia rusa a través de Andrei Petrov, detenido en España hace dos años por blanqueo de capitales en una trama en la que también está implicado el exalcalde nacionalista de Lloret Xavier Crespo . Además, y según ese relato, otro directivo del banco está inmerso en una trama de blanqueo relacionada con fucionarios del Gobierno de Venezuela y que mediante prácticas como la falsificación de contratos habría hecho transacciones por unos 2.000 millones de dólares y ligadas a la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Un tercer gestor de BPA aceptó sobornos a cambio de mover fondos de Gao Ping, cabecilla del «caso Emperador» y ligado a la mafia china y sus actividades de lavado de dinero y tráfico de personas.

«El fracaso de BPA a la hora de ser diligente con las cuentas de sus clientes y al prestar servicios de alto riesgo a empresas fantasma lo hacen muy atractivo», dice el departamento, que describe incluso que por eso mismo la entidad andorrana es «bien conocida» por las personas y organizaciones que blanquean capitales. La familia Pujol Ferrusola es también cliente de Banca Privada de Andorra , entidad en la que precisamente tenía depositados los cuatro millones de euros que regularizó el pasado verano.

La noticia de la intervención de BPA llega precisamente en un momento clave para Andorra, tras haber culminando un profundo proceso de modernización de sus estructuras económicas con objeto de convertir el pequeño país de los Pirineos en plataforma para atraer inversiones . Si meses antes el «caso Pujol» cuestionaba los convenios firmados a partir de 2011 por el Gobierno del Principado que permitieron al país salir de la lista negra de paraísos fiscales, la intervención de BPA vuelve, para mal, a poner a Andorra en primera línea informativa.

Por esta razón, la reacción del Ejecutivo que preside Antoni Martí –reelegido al frente del ejecutivo el pasado 1 de marzo– fue inmediata, con una intervención a través del Instituto Nacional Andorrano de Finanzas que él mismo calificó de «responsable y decidida». Consciente de que por muchos años Andorra tendrá que lidiar con una herencia de opacidad, Martí aseguró que el país «siempre ha cumplido con sus obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de dinero», tal y como reconoce, puntualizó el presidente, la propia administración norteamericana.

En este contexto, desde el Gobierno andorrano, y tras tener conocimiento el pasado lunes de la nota que iba a publicar hoy el Tesoro estadounidense, se ordenó de inmediato, y previa consulta con la Unidad de Inteligencia Financiera, la intervención de BPA. Dos interventores son ahora, y durante el periodo de 60 días que durará la investigación, los encargados de «garantizar la continuidad y operativa normal de la entidad».

Hoy mismo se conocerán más detalles sobre un caso que el Gobierno del Principado quiere impedir que se lleve por delante todos los esfuerzos hechos, primero por salir de la lista de paraísos fiscales, y de manera más reciente, por modernizar su economía. Con un impuesto de sociedades del 10%, bonificaciones de hasta el 80% en sectores estratégicos y el fin del veto que limitaba la inversióne extranjera en el país, así como la doble imposición, Andorra se vende como un país de oportunidades.