Anticorrupción valora investigar las retribuciones «B» de Caja Madrid en una causa separada

El Ministerio Público estudia la documentación remitida por el organismo, que le informó de posibles irregularidades presuntamente cometidas en el periodo comprendido entre 2007 y 2010, y analiza si los hechos encajan en algún delito y si, dado el plazo transcurrido desde entonces, éste no ha prescrito.

El fiscal encargado del caso Bankia, Alejandro Luzón, sopesa, según las mismas fuentes, si los hechos --relativos exclusivamente a las retribuciones percibidas por miembros de la caja madrileña -- encajan en la causa y piezas separadas que instruye Andreu sobre la fusión y salida a Bolsa de Bankia, la comercialización de participaciones preferentes y el uso de tarjetas de crédito opacas al fisco.

La denuncia del FROB podría ser investigada por otro Juzgado o constituir una nueva pieza separada del caso Bankia, han indicado las mismas fuentes. El grueso de esta etapa investigada por el organismo se desarrolló bajo la presidencia de Miguel Blesa, quien lideró la caja madrileña entre septiembre de 1996 y enero de 2010, cuando cedió el testigo a Rodrigo Rato.

La documentación que obra en poder de Anticorrupción incluye, además, 'e-mails' enviados por Blesa en los que se hace referencia expresa al uso por parte de consejeros y directivos de la entidad de tarjetas de crédito de las hicieron uso 83 directivos y consejeros de Caja Madrid y Bankia. Estos documentos sí serán investigados en el marco de la pieza separada que instruye Andreu sobre las denominadas "tarjetas black".

En el marco de la pieza en la investiga el uso de estas tarjetas, el juez Andreu impuso del pasado 16 de octubre dos fianzas en concepto de responsabilidad civil por importe de 3 millones y 16 millones de euros, respectivamente para Rato y Blesa. En el reciente informe entregado al magistrado por dos peritos del Banco de España, los expertos indicaron que las visas fueron emitidas "al margen del circuito general".

El expediente de Caja Madrid remitido por el FROB a la Fiscalía analiza también cuatro tipos de actuaciones concretas, en las cuales se habría podido producir el cobro por parte de altos directivos de la entidad de "percepciones excesivas", indicó el organismo dependiente del Ministerio de Economía que denunció los hechos a finales de diciembre.

En concreto, el FROB subraya que en 2008 se aplicó a los miembros de la alta dirección de Caja Madrid una subida salarial "significativamente mayor" que la debida, que algunos casos llegó a superar el 26%. Para este incremento se tomaba supuestamente como referencia una masa salarial mayor que la realmente existente en ese momento. "El aumento global se repartió entre un menor número de miembros de la dirección", indica el fondo, un aspecto de especial interés para el Ministerio Público.

En cuanto a la retribución fija de esos directivos en tanto estuvieron vinculados a la entidad, indicaba que supuso una posible percepción "indebida" para esas personas de algo más de 2 millones en conjunto y subrayaba que estos incrementos sirvieron de base para el cálculo de indemnización posteriores.

Por su parte, el salario variable de la alta dirección de Caja Madrid arroja un posible ajuste por "exceso de percepciones" de 1,8 millones ante el exceso de incremento salarial del punto previo, la ausencia de documentación que soportara la fijación de objetivos y el grado de cumplimiento de los mismos en el período comprendido entre 2008 y 2010.

También detectaron prácticas supuestamente irregulares en las aportaciones de los planes de pensiones. El FROB sospecha que se sustituía la parte que excedía del máximo deducible en el IRPF por una gratificación extraordinaria para los miembros de la alta dirección.

Esta gratificación se elevaba al bruto con el fin de que una vez practicadas las correspondientes retenciones se evitara el impacto fiscal a sus perceptores. Esta práctica ha podido suponer un perjuicio patrimonial de 1,84 millones de euros.

Finalmente, el fondo de reestructuración detectó posibles irregularidades en la extinción de varios contratos de altos directivos, así como en los pagos que se realizaron en conceptos como pacto de no recurrencias, bonus o indemnizaciones, especialmente entre 2009 y 2010. Estas prácticas podrían suponer un perjuicio económico para Caja Madrid de 9,1 millones de euros.