Uber sigue operando en España al no recibir la orden del juez

Ayer, el mismo juzgado volvió a ordenar el cierre inmediato de la página web de Uber. Y ordenó a los operadores de telecomunicaciones y empresas de pagos electrónicos con los que trabaja la plataforma que dejen de prestar servicios a Uber para facilitar el cierre efectivo de los servicios de la aplicación.

La plataforma digital considera que la medida cautelar, «desproporcionada y discriminatoria», pretende «frenar la innovación» y la llegada de nuevos servicios tecnológicos. En el mismo comunicado, Uber critica la «celeridad inusual» de ciertos operadores de telecomunicaciones en cerrarle las puertas. Entre las empresas a las que se dirigió el juez están Movistar, Vodafone, Orange, Jazztel, Ono, Euskaltel, Servired o Visa.

La compañía norteamericana también afirma que aún no ha recibido notificación formal de la prohibición cautelar por parte del Juzgado, casi tres semanas después de que el auto judicial tuviera eco en los medios de comunicación. Esta resolución, según Uber, «viola la Constitución Española y los artículos 6 y 13 de la Convención Europea de los Derechos Humanos, que garantizan el derecho de una defensa judicial justa».

Además, Uber recuerda que la Comisión Europea ha solicitado a los estados miembros que regulen de forma «proporcionada y no discriminatoria» los nuevos servicios tecnológicos. Por todo ello, considera que la resolución judicial «entra en conflicto con las leyes europeas» y afirma que seguirá en funcionamiento de acuerdo con «la legislación europea y española».

La prohibición cautelar que acordó el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, tomada a petición de la Asociación Madrileña del Taxi, buscaba evitar que aumente el «daño inmediato» que Uber está generando en la industria del taxi. El magistrado argumentó que existen indicios de que la plataforma compite de forma desleal, ya que sus conductores no cuentan con la licencia administrativa que la ley exige para el transporte de viajeros.

Aún así, el juez acordó que la medida cautelar quedaría sin efecto si la asociación no presentaba una demanda principal en 20 días, lo que abriría un proceso en el que se entraría en el fondo del asunto. Uber, creada en California en 2009 y valorada ya en 32.200 millones de euros, también ha sido prohibida en otros países como Francia y Bélgica. Está participada por gigantes empresariales como Google o Goldman Sachs. Su irrupción ha levantado en armas a los taxistas de medio mundo.