Economía mantendrá el control del FROB y quita su presidencia al Banco de España

En el último mes, y después de que el Banco Central Europeo (BCE) asumiese la supervisión de la mayor parte del sistema financiero español con la creación de la unión bancaria, mermando por tanto las competencias del supervisor nacional, el Banco de España venía reclamando para sí el control del Fondo, integrándolo en el órgano supervisor. Sin embargo, De Guindos no ha dado su brazo a torcer. Fuentes del ministerio de Economía explican que esa separación de funciones es coherente precisamente con el espíritu de la directiva comunitaria y defienden, además, que es un modelo que viene funcionado bien en nuestro país.

Así las cosas, el Banco de España se encargará únicamente de evaluar los planes de prevención que las entidades financieras todavía bajo su supervisión, esto es, las de menor tamaño, deben presentarle, y en los que detallarán qué harían para resolver su situación patrimonial y financiera en caso de apuro. El FROB, por su parte, sería el órgano que ejecutaría la intervención de un banco en caso de rescate y resolución del mismo.

A pesar de mantener esta arquitectura institucional tal y como estaba, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pasará a contar con un representante en la comisión ejecutiva del FROB, que se suma a los del Gobierno y el Banco de España. Además, el Gobierno nombrará a partir de ahora un presidente ejecutivo, que se encargará de la dirección y gestión diaria del Fondo, cuyo mandato será de cinco años no prorrogables.

Todas las quinielas apuntan a que el actual director general del Fondo, Antonio Carrascosa, será el elegido, y así el encargado de respresentar a España en el MUR. Hasta ahora, la presidencia la ocupaba el subdirector general del Banco de España, ahora Fernando Restoy. De esta forma, el Gobierno se asegura además el control del FROB hasta 2020, y por tanto el control y la futura privatización de Bankia y BMN, entidades nacionalizadas.

Ese esquema de supervisión y resolución es reflejo del que se ha creado a nivel comunitario con la unión bancaria, separando esas tareas entre el Mecanismo Único de Supervisión, en manos del BCE, y el Mecanismo Único de Resolución, que tiene a su disposición un fondo de rescate europeo que nutrirán los bancos de la Eurozona durante diez años con 55.000 millones de euros.

La directiva europea de resolución bancaria pretende, entre otras cosas, reducir la factura para el contribuyente de futuras crisis financieras. Para ello establece una regla por la cual, antes de recurrir al dinero público, accionistas y acreedores de la entidad en apuros tendrán que cubrir el 8% del «agujero» del banco. Para ello, se recurrirá primero al dinero de los accionistas, posteriormente a los tenedores de deuda junior y luego a los de títulos senior. Solo si no fuese suficiente —Economía recuerda que ese 8% es un porcentaje muy elevado y que muy pocas entidades lo han superado a lo largo de esta crisis—, entraría en juego el fondo de resolución con ayudas públicas. Y si aún así no fuese suficiente se recurriría a los depósitos de más de 100.000 euros.