El presidente de la Generalitat, Artur Mas
El presidente de la Generalitat, Artur Mas - efe
tribuna

Cataluña independiente, ¿un desastre financiero?

El subdirector del Instituto de Macroeconomía y Finanzas (IMF) de la Universidad Camilo José Cela, asevera que desde el punto de vista económico una independencia unilateral sería demoledora «especialmente para Cataluña»

carmelo tajadura
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Hasta ahora el tema catalán no está teniendo graves consecuencias en los mercados y en el mundo financiero. Así, la prima de riesgo española aún se encuentra unos 20 puntos más baja que la italiana y los depósitos bancarios de Cataluña muestran un comportamiento sólo ligeramente peor que en el resto de España (-0,5% en junio 13/junio 14 vs. 1,7%). Sí que parece más apreciable el efecto en la inversión extranjera donde Cataluña es la comunidad autónoma con mayor caída hasta junio (un 58,7%). Pero, es evidente que puede haber efectos mucho más intensos en los mercados y en los flujos financieros según cuál sea el desenlace del asunto catalán.

Podemos considerar que hay tres salidas posibles de la situación actual: la primera sería un pacto entre ambos gobiernos, ratificado quizás en referéndum, para reformular el Estado sin rupturas; la segunda sería la independencia pactada, con un reparto de activos y, sobre todo, de la deuda pública de la Administración Central (cuyo pasivo es mucho mayor que el activo) con orden y dentro de los cauces legales; la tercera sería la independencia unilateral, seguida probablemente de la aplicación el artículo 155 y suspensión de la Generalitat y a, partir de ahí, reconducción a la primera salida o ruptura absolutamente desordenada, con Cataluña fuera de la legalidad internacional, que es lo que definimos propiamente como tercer escenario.

En el primer caso, no solo no habría efectos negativos sino que, incluso, podría haber algún tipo de impacto favorable al despejarse incertidumbres. Los mercados parecen considerar que esta es aún la alternativa más probable y eso explica que no hayan mostrado todavía demasiado nerviosismo. Pero parece que cada día que pasa nos alejamos un poco más de esta opción.

En el segundo, habría un perjuicio para ambas partes, aunque quizás los daños no fueran brutales. Cataluña vería, sin duda, un importante descenso inicial del nivel de vida pero, probablemente, lograría acceder a la UE después de un tiempo y podría experimentar una recuperación parcial en el futuro. El resto de España se podría ver menos perjudicado de manera inmediata, a pesar del daño fiscal, pero quizás lo sería más a medio y largo plazo por la pérdida de potencial de crecimiento económico, lo que desde luego tendría su traducción negativa en los mercados. Este escenario resulta el ideal para los independentistas pero es muy malo para el resto de españoles y, precisamente por eso, tiene una probabilidad de ocurrencia que resulta absolutamente marginal por lo que no vale la pena dedicar mucho tiempo a su análisis.

El riesgo, que cada vez va adquiriendo mayores grados de probabilidad, es el de acabar en el tercer escenario, que resultaría realmente demoledor para todos, pero especialmente para Cataluña. Voy a referirme simplemente a los problemas con la divisa y la banca, aunque habría muchos más.

El abandono de la UE subsiguiente a la independencia ilegal exigiría una de dos: o abrazar una nueva divisa, con una intensa devaluación y la consiguiente pérdida de patrimonio para los ahorradores; o empeñarse en seguir manteniendo el euro como país tercero, sin respaldo del banco central emisor, de la misma manera que por ejemplo Argentina hacía con el dólar. Pero, claro, en este caso, el «euro catalán» tendría una penalización (igual que el «dólar argentino») por el riesgo de falta de liquidez y/o de acabar en suspensión de pagos que se estaría asumiendo. En esas condiciones, los tipos de interés del «euro catalán» serían sustancialmente más altos, las empresas tendrían mayor dificultad y coste para acceder al crédito, el sistema financiero quedaría «tocado» (como vamos a ver a continuación), y el valor real de los activos financieros actuales sería inferior a su valor nominal. El ahorrador sufriría en todo caso.

En cuanto a los bancos catalanes, se enfrentarían a una serie de desafíos quizás insolubles. Entre ellos: problemas de liquidez, por la falta de prestamista de última instancia y por falta de acceso a los mercados en condiciones adecuadas al perder rating; desequilibrio entre créditos y depósitos (al haber en Cataluña un ratio «Loan to Deposits» muy superior a la media) en parte financiado con depósitos de otras regiones; problemas de morosidad por el efecto de pérdida de PIB y la crisis tras el shock económico; y, sobre todo, una más que probable «corrida» de depósitos a España o al extranjero. Por cierto, cabe apuntar que, ahora mismo, antes de esa hipotética independencia unilateral el trasvase de dinero a España es sencillo y legal; pero, después, podría quedar atrapado (bien mirado, que los depósitos empezaran a «votar con los pies» podría llevar a que algunos entraran en razón…).

Ante este panorama, donde el mejor escenario se está volviendo menos probable cada día y el de mayor riesgo está ganando grados de probabilidad ¿qué deberían hacer los catalanes con su ahorro? Sin duda, el riesgo es ya suficiente como para que los titulares de activos financieros sobre Cataluña empiecen a cubrir riesgos en algún porcentaje, reduciendo exposición o situando una parte de su patrimonio fuera de Cataluña. E ir variando en el futuro las proporciones relativas en función de lo que vaya ocurriendo. También en el caso de los ahorradores con riesgos sobre España podría ser conveniente alguna actuación ante la posibilidad de subida de la prima de riesgo o caída bursátil.

En cuanto a las entidades bancarias, cabe imaginar que ya tienen elaborados planes B para lo que pueda pasar. Seguro que esos planes incluyen el traslado de sus sedes centrales a Madrid, para no perder acceso al BCE, así como para no ser castigados en el resto de España, donde tienen la mayor parte de su negocio. También deberían contemplar la conversión en filial de su negocio catalán, para limitar así al patrimonio contable que se quede allí la pérdida a asumir en caso de eventual quiebra. Lo que, por cierto, también deberían hacer el resto de entidades financieras españolas, especialmente las que tengan una significativa cuota de mercado en aquella región o la hayan elevado recientemente.

A los catalanes se les debería informar de estas, y otras, consecuencias antes de hacerles votar alegremente mientras parece que se les está ofreciendo Jauja.