La inversión en infraestructuras crece tras reducirse 30.000 millones en la crisis

El sector de la obra civil ha soportado durante los últimos años la mayor carga de los recortes presupuestarios. Según la patronal de los grandes grupos de construcción (Seopan), de los 5,1 puntos del PIB en que se recortó el gasto público de los años 2010 a 2012, la inversión pública supuso el 59%, en concreto 30.000 millones de euros.

El caso de España no es, ni mucho menos, único en Europa. Pese a que el porcentaje de inversión sobre la riqueza nacional superaba el de los países vecinos durante los años inmediatamente anteriores a la crisis, desde una perspectiva temporal más amplia y teniendo en cuenta el número de habitantes, el ratio de inversión pública en España resultaba inferior al de países vecinos, como Alemania (en un 10%), Francia (16%), Reino Unido (48%) e Italia (58%).

Sin embargo, aunque los recortes se han intensificado durante los últimos años, en los que la necesidad de cuadrar las cuentas públicas era más acuciante y las reducciones presupuestarias en obra civil fueron acompañadas por diversas medidas de ajuste en otros sectores, para encontrar el origen de esa tendencia de descensos hay que remontarse al Gobierno anterior. En mayo de 2010, con José Blanco al frente de la cartera ministerial y cuando el Ejecutivo anunció de manera sorpresiva un recorte de la retribución de los funcionarios y la congelación de las pensiones, la partida de obra civil tuvo que soportar también una reducción de 6.045 millones en inversión pública estatal durante dos años, que se añadían a un tijeretazo de 5.000 millones previsto en el Plan de Austeridad de Rodríguez Zapatero.

Así, el año 2015 supondrá un punto de inflexión. Por primera vez desde que comenzó la crisis, el presupuesto del Ministerio de Fomento se incrementará en comparación con el ejercicio anterior. En concreto, el ministerio que dirige Ana Pastor contará con 9.570 millones de euros, un 6,6% más que en 2014.

¿En qué se traducirá el aumento de inversión en obra civil? ¿Resulta, como aseguran desde posturas keynesianas, un acicate para el mercado de trabajo y la actividad económica? Según los cálculos de la patronal de la construcción, un 1% del PIB de inversión en el sector de las infraestructuras da lugar a una recaudación total del 0,62%. Atendiendo a este estudio, las arcas públicas recibirían 5.933 millones, tanto por recaudación directa como por producciones inducidas: en concreto, 2.009 millones (0,21%) se ingresaría como pago directo por IVA y, otro tanto, por ahorro de prestaciones por desempleo (0,21%) y 1.005 millones por cotizaciones sociales (0,11%), entre otros.

En términos de empleo, la inversión en obra civil se traduce, según esta organización, en la creación de 180.600 puestos de trabajo. En concreto, en el sector de las infraestructuras, una inyección equivalente al 1% supone la generación de 117.500 empleos directos y 63.100 indirectos. Con las cuantías asignadas en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, según estos cálculos, estos 6.045 millones de euros garantizarán empleo a 172.834 personas. En el caso de la construcción de viviendas (algo que no contempla esta partida presupuestaria), esta relación resulta incluso más acentuada: un punto del Producto Interior Bruto contribuye a la creación de 197.200 puestos de trabajo, 134.500 directos y 62.700 indirectos. Precisamente, este es uno de los aspectos fundamentales de esta creciente partida presupuestaria: el número de ocupados en el sector de la construcción ha descendido hasta niveles próximos a los de la década de los 80.