Los trabajadores afectados por ERE bajan un 58,2% en el primer semestre

Las empresas inmersas en un procedimiento de regulación de empleo disminuyeron un 50,4% respecto a enero-junio de 2013, hasta un total de 6.898, en tanto que los expedientes se redujeron un 51,5%, hasta 8.294 procedimientos.

Por tipo de procedimiento, el número de trabajadores afectados por despidos colectivos descendió hasta junio un 53,6% en tasa interanual, hasta sumar 19.535 trabajadores. Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada afectaron a 51.754 trabajadores, un 59,6% menos, en tanto que los afectados por expedientes de reducción de jornada bajaron un 58,4%, hasta los 19.880 trabajadores. Del total de procedimientos registrados hasta junio, el 93% contaban con acuerdo entre las partes.

La mayor parte de los trabajadores afectados por ERE autorizados/comunicados hasta junio provenían de la industria (41.571), con un descenso del 60,1% respecto al año anterior, y de los servicios, que recortaron un 57,7% la cifra de trabajadores afectados, hasta sumar 38.382. En la construcción, los afectados totalizaron 10.325 (-52,7%) y en la agricultura, 891 (-34,2%).

Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de trabajadores inmersos en regulaciones de empleo hasta junio fueron Cataluña, con 12.467 trabajadores implicados (-60,8%); País Vasco, con 11.747 afectados (-53,4%); Madrid, con 11.151 implicados (-60,4%), y Andalucía, con 9.442 trabajadores afectados (-40%).

En todas las comunidades se registraron descensos en los trabajadores afectados por ERE durante el primer semestre. En términos relativos, las regiones donde más descendieron los trabajadores afectados por ERE fueron Canarias (-74,7%), Asturias (-73%), Cantabria (-68,5%) y Murcia (-67,9%).

La principal novedad introducida en la reforma del mercado de trabajo en relación a los ERE es la eliminación de la autorización administrativa anteriormente exigida para proceder a la realización de despidos colectivos o de medidas de suspensión de contrato o reducción de jornada por parte del empresario.

No obstante, la nueva regulación mantiene la necesidad de que se realice un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, al tiempo que se establece la intervención de la autoridad laboral para garantizar la efectividad de dicho periodo de consultas, pero sin tener ésta carácter decisorio.

La decisión última será, pues, la del empresario, y como en el caso de los despidos individuales, si no se está de acuerdo, los trabajadores tendrán que impugnarla por la vía judicial.