El Tribunal Constitucional rechaza la reducción de las pensiones en Portugal
Declaran inconstitucional la contribución de sustentabilidad que el Gobierno luso quería aplicar a partir del 2015. Los jueces aprueban nuevos recortes para los funcionarios por dos años
BELÉN RODRIGO
El Tribunal Constitucional (TC) rechazó ayer la propuesta del Ejecutivo luso de reducir permanentemente las pensiones mediante la introducción de una nueva tasa de contribución de solidaridad, que a partir del 2015 iba a sustituir a la contribución extraordinaria de solidaridad.
Diez de los trece ... jueces apoyaron esta decisión y el tribunal alega que no está garantizada la «igualdad intergeneracional» y que la medida suscita «serias dificultades en el plano de la igualdad interna» por lo que viola el principio de protección de confianza. Con esta decisión los pensionistas tienen el derecho de recibir, a partir del próximo año, la totalidad de su jubilación.
El impacto general de esta decisión alcanza los 372 millones de euros en el 2015, una cantidad que el Gobierno pretendía recaudar con la introducción de la contribución de sustentabilidad (entre el 2% y el 5,5%) aplicable a las pensiones a partir de los 1.000 euros mensuales.
Cortes salariales de los funcionarios
Por el contrario el TC viabilizó por unanimidad la reintroducción de los cortes salariales en la función pública de la forma que fueron originalmente aplicados, en el 2011, por el Gobierno de José Sócrates. No obstante, determinó, con diez votos a favor y tres en contra, que estos recortes sean constitucionales tan solo este año y en el 2015.
Los cortes salariales de la función pública tienen previsto reducciones entre los 3,5% y 10% para los funcionarios con salarios brutos a partir de los 1.500 euros mensuales. Entran en vigor en septiembre y el Ejecutivo de Pedro Passos Coelho preveía reducirlos progresivamente en el plazo de cinco años, a un ritmo de 20% en cada año. La decisión del Constitucional fuerza al Gobierno a reverter totalmente los cortes en el año 2016.
Esta propuesta fue presentada después de que se declarase inconstitucional el primer plan de recortes salariales que estaba en vigor desde enero. Comenzaba con recortes de 2,5% para los que recibiesen 675 euros brutos al mes llegando a los 12% para los sueldos superiores a los 2.000 euros.
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