La mayoría de las empresas del Ibex se preparan para cambiar de auditora

La nueva regulación que, según la Comisión Europea, «tiene como objetivo abrir el mercado a nuevas empresas de auditoría e incrementar la transparencia», introduce un sistema de rotación obligatoria para las grandes compañías, que tendrán que cambiar de firma auditora cada diez años, aunque este plazo podría ampliarse hasta 24 con determinadas condiciones.

Se trata de una regulación de plazos máximos que después cada país miembro puede endurecer. Y aunque el Gobierno español todavía no ha avanzado oficialmente en qué sentido regulará, en el sector dan por hecho que en nuestro país el plazo máximo se limitará a diez años , sin posibilidad de ampliación.

Hasta ahora, en España se debía cambiar de socio auditor cada siete años, pero se podía seguir con la misma compañía de manera indefinida, de modo que el cambio afecta de lleno a las principales empresas nacionales. De hecho, de las 30.000 empresas afectadas en toda Europa por estos cambios normativos, 10.000 están en España. Y esto es así porque la obligación de ser auditadas, que en el conjunto de Europa está establecida para bancos, compañías de seguros y empresas cotizadas, en España se extiende a todas los grupos que facturan más de 200 millones de euros.

La regulación impacta especialmente en las empresas del Ibex, la mayoría de las cuales llevan ya más de diez años con la misma firma auditora. De hecho, 15 de las 35 trabajan con la misma compañía desde hace más de veinte (ver ficha adjunta).

El reglamento de auditoría prevé un periodo transitorio de seis años para que las grandes empresas que llevan más de 20 ejercicios siendo escrutadas por la misma firma cambien de auditor, de modo que tendrán de plazo hasta 2020. Las que llevan entre 10 y 20 años, tienen un prórroga más amplia, hasta 2023; y las de menos de 10 años deberán cambiar cuando se cumpla este plazo , aunque dispondrán como mínimo hasta 2016 para adaptarse a la norma.

No obstante, aunque los periodos transitorios son amplios las empresas del Ibex han empezado ya a mover ficha para asegurarse los mejores equipos de auditores de cada firma. Hace unas semanas, la aseguradora Mapfre, que llevaba 24 años siendo auditada por Ernst&Young (E&Y), anunciaba que a partir de 2015 quien certificará sus cuentas será KPMG. También se han adelantado a la norma europea Bankia, que será auditada por E&Y (antes Deloitte); Gamesa, que pasa de PwC a E&Y; Ebro Food, que cambia de Deloitte a E&Y; y REE que pasa de PwC a KPMG.

La regulación europea limita, además, la concentración de servicios que una misma compañía presta a una empresa. Así, la suma de servicios de consultoría que le preste (laborales, fiscales, judiciales, etc...) no podrán exceder el 70% de los honorarios que le haya cobrado por auditoría en los últimos tres años. La bancarrota de la estadounidense Enron se llevó por delante hace una docena de años al gigante de la auditoría Arthur Andersen y la deriva de Bankia y de Pescanova han puesto ahora en cuestión el papel de sus firmas auditoras.

Los accionistas de las compañías y otros grupos de interés empiezan a exigir más a quienes auscultan las cuentas de las empresas: que no analicen el pasado sino también el futuro. Hasta ahora, la labor del auditor consiste básicamente en certificar que las cuentas de una sociedad reflejan fielmente su situación a través de los informes financiero y de gobierno corporativo.

Ante esa situación, y aunque de forma todavía muy tímida, se empieza a imponer un nuevo tipo de informe integrado, que no solo hace referencia a la información financiera sino que aporta al accionista datos de carácter ambiental, social y de gobierno corporativo. Siete compañías españolas (BBVA, Indra, Inditex, Meliá, Repsol, Telefónica y Enagás) han empezado ya a publicarlos como parte de un programa piloto (Integrated Reporting Council).