La cúpula de Caixa Penedés defiende la legalidad de sus pensiones millonarias

Uno de los abogados de los acusados ha asegurado que el cobro de esas pensiones por parte de los exdirectivos de Penedés, entidad que posteriormente se integraría en BMN, fusión apuntalada con con 916 millones de euros en ayudas públicas del FROB, no afectó a la economía nacional, y menos aún su impacto fue grave. Al comienco del juicio, la defensa ha pedido la inhibición de la Audiencia Nacional en el caso, al entender que no es el órgano competente. De igual modo, insiste en no reconocer a BMN y el FROB como acusación particular, pues recuerdan que los hechos juzgados son anteriores a la constitución de ambos. Y, por último, los acusados han tratado de paralizar el juicio alegando que parte de los documentos usados están en catalán y no se cuenta con la presencia de un traductor. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como el magistrado José María Vázquez Honrubia han rechazado esa petición y el juicio continúa en marcha con la declaración de los acusados. Fuentes judiciales consultadas por ACB prevén, de hecho, que se cierre esta semana y con celeridad.

Caixa Penedés procedió a externalizar la gestión de los fondos de pensiones de sus empleados en 2001, encargándosela a compañías aseguradoras. En ese marco, y según la acusación, los exdirectivos, con Pagès a la cabeza, sumaron a las pensiones incluidas en sus contratos unas pólizas de seguros con AXA y Zurich a las que incluyeron una cláusula de derechos económicos que blindaba su cobro. En concreto, esa cláusula les garantizaba el acceso a esas cantidades aun en caso de que su salida de la caja de ahorros se produjese por despido procedente o voluntariamente para trabajar en otra empresa. Sumando el plan de pensiones y cuatro pólizas suscritas, Pagès se adjudicó 11,6 millones de euros, Abella 5,7, Troyano 6,1, Jorba 3,3 y Caellas 4,8 millones.

Los órganos de control de la entidad, incluido el consejo de administración, no tuvieron conocimiento de ello hasta finales de 2010, pese a que durante esos casi diez años la caja hizo las aportaciones a esos planes. Esas dotaciones no fueron detalladas ni en las cuentas anuales de la caja, ni en sus informes de gobierno corporativo ni en la información rutinaria enviada a la CNMV y al Banco de España. Sin embargo, el 18 de noviembre de 2010, 43 días antes de la integración de Penedés en BMN, la comisión de retribuciones fue informada de esos derechos de cara a su aprobación. La proximidad de la fusión de la entidad con otras cajas urgía a los exdirectivos a hacer legal esas pensiones, según las fuentes jurídicas consultadas.

Abella, exdirector general adjunto de la entidad y el primero de los cuatro gestores en declarar, relató que en 1996 firmó un contrato de alta dirección con Caixa Penedés en el que se fijó una cláusula que le daba derecho a una pensión vitalicia a partir de los 60 años equivalente al 90% de su sueldo fijo, que se negó a detallar pero que se incrementó entre 1996 y 2005 un 300%, según la acusación. En enero de 2007, al causar baja en la entidad, accedió a su cobro en forma de renta mensual, al tiempo que firmaba un convenio específico con la Seguridad Social para seguir cotizando hasta los 65 años y así asegurarse la jubilación máxima. Abella ha defendido que su pensión y su póliza de seguros eran legales. «Las pólizas estaban de acuerdo con lo establecido en el reglamento de planes de pensiones», ha dicho.

Incluso ha llegado a explicar que no establecer esos derechos supondría un perjuicio para los directivos de la entidad en comparación con el resto de trabajadores de la entidad. En concreto, Abella ha descrito que el personal laboral común de la caja cobraba también del fondo de pensiones y de la póliza. Por tanto, y según él, hubiera supuesto una «discriminiación» no aplicar los mismos derechos a los directivos.

Abella también ha justificado la inclusión de la cláusula de derechos económicos, explicando que era la rutina en las cajas de ahorros y que si no se informó al consejo de administración de la entidad durante casi una década fue porque de la redacción de esos derechos se encargaron asesores externos de la entidad. Sobre el posible impacto económico de esos planes de jubilación en las cuentas de Penedés, el exdirector general adjunto aseguró que esas cantidades estaban ya dotadas por la entidad y «no supusieron un coste extra para la caja».