Almunia cede y acepta el plan de Google para evitar la multa

En esencia y aunque solo se conocen parcialmente las propuestas de Google, se incluye el compromiso de dar más relevancia a los rivales en la pantalla donde aparecen los resultados de una búsqueda, eliminar cláusulas de exclusividad en los contratos de publicidad on line y permitir que los portales y páginas web que lo deseen le puedan vetar a la hora de utilizar sus contenidos sin que eso las penalice en los resultados de búsqueda, como sucede hasta ahora.

Los competidores han reaccionado ya con mucha inquietud ante este gesto que tiene todo el aspecto de ser una rendición por parte del ejecutivo comunitario. Los editores europeos de prensa, uno de los sectores más afectados por la hegemonía de Google, han hecho saber que la decisión de Almunia les ha dejado «gravemente preocupados por el hecho de que la Comisión parece estar inclinándose a favor de un acuerdo» con la empresa, a pesar de que «faltan evidencias» de que las últimas propuestas planteadas por el buscador puedan servir para equilibrar la situación en el mercado digital.

Los editores sostienen que los primeros datos de la propuesta de Google «no eliminan el mantenimiento abusivo de la promoción de los propios servicios de Google, sino que precisamente consagran la legalización de este favoritismo» si finalmente esta es la base de la reglamentación que resulte aprobada. En un comunicado, la Asociación Europea de Editores de Periódicos (ENPA) y la de Editores de Revistas (EMMA) avisan del «efecto devastador» de una oferta que «no aborda la utilización continuada y creciente de los contenidos titularidad de terceros sin autorización».

Los expertos que han seguido esta larga negociación reconocen que, debido a la falta de precedentes y a la complejidad misma de una actividad que evoluciona continuamente, Almunia podría haber preferido esta salida que sienta un precedente sutil sobre el poder regulador de la Comisión Europea, en lugar de enzarzarse en una batalla legal de incierto resultado. La multa que según la legislación europea se le podría haber impuesto a Google habría superado los 5.000 millones. Almunia ha dicho en casos similares -como el de Microsoft- que prefiere basar sus resoluciones en la aplicación de las propuestas de la empresa denunciada, que en aplicar las sanciones previstas por la legislación europea.

Precisamente esta semana el primer ministro belga, Elio Di Rupo, había inaugurado la ampliación de las instalaciones que Google tiene a apenas 50 kilómetros del despacho de Joaquín Almunia, en el sur de Bélgica, un «data center» que ocupa una superficie inmensa y en el que se acaba de anunciar una ampliación que conllevará 300 millones.