Pescanova afronta una de las mayores fianzas de la historia: 1.200 millones

Para cubrir esa hipotética condena, el expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, tiene que depositar en el juzgado 179 millones de euros, la fianza de mayor cuantía. El magistrado instructor del caso sostiene que los administradores de Pescanova proyectaron « una imagen irreal de su situación económica y patrimonial valiéndose de información reflejada en las cuentas anuales así como en otros documentos e informes económico-financieros».

Los ahora perjudicados por el desplome de la compañía compraron acciones dando por ciertos los datos financieros que facilitaba Fernández de Sousa, en cuya actitud el juez Ruz observa «indicios racionales de criminalidad», concretamente entre agosto de 2012 y enero de 2013.

Ruz recoge en el auto judicial dictado ayer que los administradores de la multinacional pesquera «a fin de evitar pérdidas en sus patrimonios personales y plenamente conocedores de la verdadera situación económica de la entidad, vendieron acciones de Pescanova antes de que la verdadera situación económica se diera a conocer públicamente ». La cúpula de la compañía incurrió en esta práctica «hasta el mismo día o pocos días antes de la comunicación a la CNMV de 28 de febrero de 2013, en la que se desvelaba laincertidumbre sobre la continuidad de la actividad».

Reproche al Sabadell

Así, Manuel Fernández de Sousa, que vendió acciones por 27,5 millones de euros, evitó pérdidas de 15,6 millones; Alfonso Paz-Andrade, consejero de Pescanova, se deshizo de títulos por valor de 5,8 millones, ahorrándose una minusvalía de 3,4 millones; y José Antonio Pérez-Nievas, también consejero, vendió sus acciones por 1,9 millones y evitó perder 1,4 millones.

El juez aprovecha para recriminar también la actitud de la entidad Sabadell Bolsa, que, según los querellantes, «habiendo aconsejado la compra de los títulos, procedió a la venta masiva de acciones de Pescanova en un momento en que las mismas experimentaban una subida», por lo que el banco «podría haber utilizado información reservada».

Además, Pablo Ruz cita las sombras que rodearon a la ampliación de capital (125 millones de euros) de julio y agosto de 2012. La información financiera remitida a la CNMV respecto a las cuentas de los años 2009, 2010 y 2011 no reflejaba la realidad, lo que no supuso escollo alguno para que fueran auditadas «sin salvedad alguna». Sólo unos meses después, el 28 de febrero de 2013, Fernández de Sousa comunicó al organismo regulador que la entidad no iba a formular las cuentas de 2012 y manifestó «sus dudas sobre la propia continuidad de la empresa», que terminó en proceso concursal.

El juez Ruz ha dado un plazo de diez días a los directivos y las sociedades para depositar las fianzas. De no hacerlo, se procederá al embargo de sus patrimonios. El magistrado ha tomado esta medida tras apreciar «un riesgo de que los querellados se coloquen en una situación de insolvencia» que impida cumplir las posibles condenas.

Ruz ha situado a Pescanova entre las mayores fianzas civiles de la historia , superada por el récord de 5.200 millones de la operación Malaya, los 1.928 de Afinsa o el fraude de los ERE andaluces, donde la juez Alaya decretó 807 millones para el ex consejero Antonio Fernández y 686 a Francisco Javier Guerrero, entre otros.