Almunia confirma el mazazo contra los astilleros españoles

Respecto a las cifras totales que el naval tendrá que devolver, y que tendrá recaudar el ministerio de Hacienda , el comisario de Competencia europeo ha rechazado dar cualquier cifra puesto que considera que «sólo corresponde a la Hacienda Pública española» .

«Nunca he anticipado ninguna cifra ni pienso hacerlo. Son las autoridades españolas, son ellos los que tienen la capacidad de hacer una estimación y la de ingresar el dinero en la Hacienda española », ha dicho Almunia, que ha indicado cierta sorpresa sobre que la cantidad de las ayudas a devolver siempre permaneciese «constante», a pesar de la variaciones sobre la fecha de corte. Es decir, el Ministerio de Hacienda tendrá que determinar qué parte de esas bonificaciones fiscales se ajustaron a la normativa europea y cuál no.

En este sentido, preguntado Almunia sobre los parámetros que se van a utilizar para valorar la parte compatible de esas ayudas correspondiente al periodo 2007-2011 , el comisario ha explicado que el Ejecutivo popular «tiene que establecer una lista de inversores que participaron en ello, tienen que ver cuántas ayudas fiscales se beneficiaron, cuáles son compatibles y cuáles exceden las ayudas al transporte marítimo, además de otros elementos. Y luego llegar a la correspondiente conclusión ».

La resolución menos mala

«No es la decisión que había planteado el Gobierno ni es la que más nos gusta, pero es mejor que la propuesta inicial», ha dicho el ministro de Industria, José Manuel Soria, quien encabezó la delegación española en defensa del naval de nuestro país y quien ha recordado que el Ejecutivo solicitaba que se condonase el total de las ayudas.

Sin embargo, y ante la inflexibilidad de Bruselas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, intercedió el pasado lunes llamando al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, para que suavizase el borrador definitivo. Horas después la Unión Europea planteaba reducir en dos años el periodo de devolución de las ayudas.

Un matiz que parece contentar al propio sector, a pesar de que califcia de «nefasta» la resolución. «Es injusta porque hay argumentos jurídicos incontestables para no tener que devolver esas ayudas y discriminatoria respecto al trato recibido anteriormente por otros países como Francia», ha dicho en rueda de prensa el presidente de la patronal Pymar, Álvaro Platero, quien en todo caso ha valorado esa reducción de dos años que «minimiza» la factura final y que Bruselas sólo reclame a las empresas que financiaron los buques pero no a astilleros y armadores.

Posible recurso en Luxemburgo

Los astilleros privados confían ahora en que Hacienda, al confeccionar la lista de agentes que tendrán que devolver las deducciones del «tax lease», aminore lo máximo posible la devolución de esas ayudas y dé un plazo razonable para su reintegro. «Confiamos en que el Gobierno , que nos ha mostrado su total apoyo durante todo este proceso, lo haga ahora lo mejor posible», ha dicho la consejera delegada de la patronal, Almudena López del Pozo, quien ha añadido que en todo caso el sector estuidará la posibilidad de recurrir la decisión ante el Tribunal europeo de Justicia y emprender «otras acciones» que no ha detallado.

También el Gobierno se reserva el derecho de aprender las acciones judiciales que considere oportunas ante el Tribunal de Luxemburgo. Así, Soria ha avanzado que será la Abogacía del Estado y sus servicios jurídicos los que determinen la posibilidad de recurrir la resolución de la Comisión Europea.