Entra en vigor la limitación a 2.500 euros del pago en efectivo

El objetivo de esta medida es poner coto al uso de grandes cantidades de efectivo, un medio del que se han servido algunos defraudadores para esquivar el pago de tributos como el IVA. En adelante, cuando el precio de los bienes y servicios supere los 2.500 euros, deberán abonarse mediante medios de pago que dejen rastro como tarjetas de crédito o transferencias bancarias. La limitación afecta a las operaciones entre un particular y un empresario o entre dos empresarios. Sin embargo, no se aplicará en el caso de los pagos e ingresos realizados con entidades de crédito ni tampoco en las compraventas entre particulares.

El límite máximo que fija la ley para el uso de efectivo se eleva a 15.000 euros cuando el pagador sea un particular no residente. En este caso, esa mayor manga ancha tiene como fin no dañar algunas actividades ligadas al turismo.

Los intervinientes en las operaciones estarán obligados a conservar los recibos o facturas durante cinco años para acreditar que el pago se efectuó mediante algún medio electrónico. La Agencia Tributaria podrá requerir su presentación.

Quienes incumplan esta limitación se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago realizado. Responderán de la infracción tanto el pagador como el perceptor de forma solidaria, por lo que Hacienda podrá dirigirse contra cualquiera de ellos para el cobro del 100% de la sanción.

El contribuyente que haya intervenido en alguna de estas operaciones y lo comunique al fisco en un plazo de tres meses quedará exonerado de ese castigo. La Agencia Tributaria ha habilitado en su página web un formulario para tramitar denuncias ligadas exclusivamente a pagos en efectivo superiores a 2.500 euros. La ley contempla, asimismo, una regla para evitar el fraccionamiento de operaciones.

El Ministerio de Hacienda enmarca esta limitación de los pagos en efectivo dentro de su plan para reforzar la lucha contra el fraude. En esta línea está también incluido el plan especial sobre el uso de billetes de alta denominación (200 y 500 euros), iniciado hace cuatro años y que se mantiene en vigor.