El Gobierno responde a FIFA y UEFA: «El señor Rocha se encuentra "investigado" por el poder judicial en un procedimiento penal»

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Las cinco preguntas de la FIFA y la UEFA al Gobierno en una durísima carta por su sospechosa intervención en la RFEF

David Sánchez de Castro

Estimados señores:

He recibido su carta acerca de lo que denominan «Situación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)» y en la que me solicitan más información sobre la «Comisión de Normalización, Supervisión y Representación» (en adelante, la Comisión) que crearemos muy pronto desde el Consejo Superior de Deportes (en adelante, CSD).

Deben saber que la vigente Ley del Deporte en España (Ley 39/2022, de 30 de diciembre) indica en su artículo 1.2 que «corresponde a la Administración General del Estado la representación del deporte español y la supervisión pública del sector en aquellos aspectos que se consideran de interés general del Estado».

En este sentido, y sin lugar a dudas, los desafíos en el ámbito del fútbol que mi país tiene por delante son grandes asuntos de interés general. Estoy pensando singularmente en el diseño de la candidatura del Mundial 2030 junto a Portugal y Marruecos (que exige, entre otras cosas, garantías del Estado o informes fehacientes de derechos humanos), o la participación de las selecciones nacionales en la Eurocopa y en los JJOO.

En esta carta me expresan su preocupación por sí, desde esta Comisión que crearemos próximamente y para un tiempo limitado, pudieran llevarse a cabo «injerencias indebidas» que afectaran a la «independencia» de la RFEF y a sus normas estatutarias. Antes de referirme al tema que les preocupa, permítanme que les traslade algunas consideraciones sobre el contexto en el que nos encontramos y sobre los problemas de fondo que afectan a la RFEF, tan importantes, al menos, como su «independencia».

En el momento en que escribo estas líneas, el actual presidente de la RFEF, Sr. Rocha, se encuentra «investigado» por el poder judicial en un procedimiento penal. Los posibles delitos investigados en esa causa son corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

El Sr. Rocha está afectado asimismo por otro proceso, éste de naturaleza disciplinaria, por seis posibles infracciones calificadas como «muy graves» por el Tribunal Administrativo del Deporte que podrían llevarle en las próximas semanas a su inhabilitación.

Como comprenderán, desde el CSD, al que la Ley le encarga un deber directo de vigilancia y protección de los intereses públicos en materia deportiva y otro de salvaguarda de la imagen y de la reputación de España en este ámbito (en el marco de otros más genéricos de tutela, representación o supervisión), no podemos permitir esta situación de grave deterioro de una RFEF que lleva inmersa demasiado tiempo en sospechas de corrupción y sometida a causas penales y disciplinarias que preocupan a los aficionados al fútbol y al conjunto de la opinión pública y de los medios de comunicación. Lo irresponsable sería quedarse de «brazos cruzados», no hacer nada, mientras sigue creciendo el daño a la reputación, al buen nombre o a la imagen del fútbol español y, a fortiori, de España (toda vez que desde la RFEF portan nuestros símbolos, la bandera y el himno nacional).

Por la atención con la que están siguiendo el caso los medios de comunicación españoles sabrán que, el día después de la proclamación del Sr. Rocha como presidente, los titulares subrayaban su condición de investigado en un proceso penal y de expedientado en otro administrativo.

¿Qué opinión le merecen a UEFA y FIFA estos gravísimos hechos? ¿Piensan que, además de evitar injerencias indebidas en la RFEF, deberíamos todos preocuparnos y ocuparnos también por evitar que el daño en la imagen de aquélla y en la reputación de nuestro fútbol siga aumentando y termine siendo irreparable?

Esta es una cuestión que despierta una profunda preocupación en el Gobierno de España, más si cabe ante los importantes desafíos que tiene por delante nuestro fútbol. El más inmediato pasa por la disputa en nuestro país de la final de la UEFA Champions League femenina que, como saben, contará con la participación de un equipo español.

El 25 de mayo de 2024, el FC Barcelona competirá en el estadio de San Mamés por un nuevo título europeo. No podemos aceptar que la situación procesal en la que se encuentra el presidente de la RFEF pudiera menoscabar de nuevo el reconocimiento que merecen las protagonistas de esa final.

Ojalá la solución hubiera venido desde la propia RFEF, en un alto ejercicio de su independencia y autonomía, pero los hechos de los últimos tiempos refuerzan la idea de una ausencia absoluta de autocrítica, de asunción de responsabilidades y de regeneración ética.

En todo caso, España es un Estado de Derecho, en el que todos estamos sometidos al imperio de la Ley, también este CSD que tengo el honor y la responsabilidad de presidir. Yo, además, soy «un hombre de Derecho» y tengo interiorizado desde muy joven que así debe ser en un sistema plenamente democrático como el nuestro.

Por lo tanto, pueden estar tranquilos: todo lo que se haga a través de esta Comisión estará dentro de la ley, eso sí, de toda la ley.