La Federación, convencida de que la denuncia «no tiene recorrido»

El empeño del presidente de la RFEF de ampliar el número de miembros natos de la Asamblea puede salirle muy cara a él y a su mano derecha, pues una juez ha llamado al presidente y a su secretario general a declarar en condición de investigados por un presunto delito de falsificación de documento público.

Además de abrir diligencias previas, la magistrada reclama a la Federación el acta de la asamblea general extraordinaria del pasado 16 de diciembre y el escrito de alegaciones presentado cinco días antes al Consejo Superior de Deportes.

[El vídeo presentado contra Rubiales para imputarle una falsificación documental]

En su comunicado oficial la Real Federación Española de Fútbol se muestra «convencida de que la denuncia presentada por el presidente de la Federación Madrileña, Paco Díez, no tiene recorrido desde el punto de vista jurídico y será sobreseída».

Este es el texto hecho público ayer por la Federación, en el que expone su punto de vista sobre este asunto:

Ante la citada denuncia, los Servicios Jurídicos de la RFEF quieren subrayar:

Que la Asamblea General de la RFEF del 10 de junio aprobó, con el voto precisamente del presidente de la RFFM -que es quien rubrica la denuncia- la propuesta de ampliación de los miembros natos de ese órgano en 19 personas.

Que la Asamblea General de la RFEF del pasado 16 de diciembre, una vez que el Consejo Superior de Deportes había reducido a 5 los nuevos miembros natos, asumió esa cifra sin necesidad de una nueva votación, puesto que no era nueva sino que ya estaba implícita en la redacción aprobada, por amplísima mayoría, en la sesión de junio.

Que el secretario general de la Federación, Andreu Camps, posteriormente a la Asamblea General de diciembre, da cuenta al CSD de que la redacción definitiva para la reforma de los estatutos de la RFEF en este aspecto es justamente la expresada por el propio Consejo Superior de Deportes, que es el organismo que tiene capacidad para hacerlo.

Que la presunta falsedad documental que plantea la denuncia no es tal puesto que lo que certifica el secretario general -y que aparentemente fundamenta la denuncia- es que en la sesión del 16 de diciembre se puso en conocimiento de los miembros de la Asamblea las modificaciones que se habían introducido para adecuar los acuerdos adoptados en junio a la autorización del CSD.

Que en todo caso, la RFEF renunció finalmente, a principios de año, a la ampliación de los miembros natos de la Asamblea antes de celebrar las elecciones, incluso en la cifra de 5 autorizada por el CSD, de modo que nunca se llevó a efecto. De hecho, los Estatutos de la RFEF vigentes a día de hoy siguen siendo los de 2018.

Que el hecho de incluir en la denuncia presentada al presidente de la RFEF, pone de manifiesto la intención del denunciante de perjudicar los intereses del presidente, no siendo casual que en la Federación se está en año de las elecciones.

Los Servicios Jurídicos de la RFEF se reservan las posteriores acciones judiciales que se considere oportuno contra el denunciante, una vez sea archivada la denuncia.