Luis Rubiales, presidente de la RFEF, imputado por falsificación de documento público

Rubiales y Camps tendrán que comparecer el día 21 de mayo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid . Además de abrir diligencias previas, la magistrada reclama a la Federación el acta de la asamblea general extraordinaria del pasado 16 de diciembre y el escrito de alegaciones presentado cinco días antes al Consejo Superior de Deportes.

Este caso había nacido el 10 de junio del año pasado, cuando la asamblea de la Federación aprobó la propuesta de modificación estatutaria que Rubiales pretendía introducir 19 miembros natos a la nueva asamblea en el proceso electoral que tenía previsto celebrarse en 2020. La modificación era muy relevante, en el sentido de que podría afectar al resultado final de la elección presidencial , pues esos 19 miembros natos –como ya ocurre actualmente con los presidentes de las federaciones territoriales– no necesitarían pasar por las urnas para formar parte de la asamblea. Actualmente, la Asamblea consta de 120 miembros por elección, 19 miembros natos y el voto del propio Rubiales.

Pero para que Rubiales pudiera realizar dicha modificación, necesitaba de otros tres requisitos: que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) emitiera un dictamen no vinculante ; que la secretaria de Estado para el Deporte aceptara la modificación y que finalmente la aprobara la Comisión Directiva del CSD. Para empezar, el TAD emitió un informe durísimo en el que rechazó la inclusión de estos 19 nuevos miembros natos . Ante esta tesitura, el CSD concedió un periodo de alegaciones a la Federación, que en diciembre rebajó de 19 a 5 el número de nuevos «asambleístas a dedo», lo que suponía que dos representantes del fútbol playa, así como el Real Madrid , el Barcelona y el Athletic como clubes de Primera división más antiguos, podrían votar directamente al presidente sin tener que ser elegidos en las urnas.

En un tiempo récord, el CSD aceptó la nueva propuesta de la Federación para que pudiera llegar a tiempo a la asamblea que se celebró el 16 de diciembre . Sin constar en ningún punto del orden del día y ya en el capítulo de ruegos y preguntas, el secretario general, Andreu Camps, explicó que, según él, no se trataba de aprobar nada nuevo: «Es una adaptación, porque la decisión es la misma. No hay una modificación de la decisión adoptada anteriormente por la asamblea », argumentó ante los asambleístas. No hubo debate ni aprobación, pues Rubiales y Camps consideran que ya estaba aprobado en la asamblea de junio.

Al día siguiente, según consta en las diligencias, tuvo entrada en el registro del Consejo una certificación firmada por Andreu Camps en la que se aseguraba que la Asamblea General de la Federación «ha prestado su conformidad, en relación con la inclusión de una serie de miembros natos en la composición de la citada Asamblea y la consecuente modificación del artículo 28 de los Estatutos Federativos». Sin embargo, en la denuncia se asegura que es falso que se diera dicha conformidad y para ello aporta el vídeo de la asamblea de diciembre , en el que en ningún momento hubo oportunidad de que alguno de los asambleístas pudieran mostrarse a favor o en contra de la nueva versión de los Estatutos Federativos.

La solicitud de reforma del reglamento estatutario terminó llegando a la Comisión Directiva del Consejo , que no la aprobó en primer término por las dudas legales que planteaba. Finalmente, la propia Federación ha desistido de dicha reforma y la asamblea general seguirá incluyendo a 140 miembros.