Imputan a Luis Rubiales por coacciones, amenazas y prevaricación

Luis Rubiales ha sido citado para declarar en calidad de investigado el próximo 29 de abril a las 12 de la mañana. También tendrán que hacerlo el secretario general de la RFEF, el próximo 18 de marzo, e Iñaki Mikeo Etxarri , responsable del fútbol femenino del organismo federativo, además de Pedro González , director del área legal de la RFEF. Inmaculada González, la titular del Juzgado de Instrucción 8 de Majadahonda, ha pedido que este caso se remita a la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y la declaración como testigos, el 14 de mayo, del presidente de la ACFF, Rubén Alcaine; el director de Fútbol Femenino de LaLiga, Pedro Malabia, y el director general de la Fundación Valencia CF, Pablo Mantilla Cutanda.

La Federación Española de Fútbol ha hecho público un comunicado en el que explica que se trata de un procedimiento iniciado por la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) vinculada a la LNFP, que también ha llevado este asunto a los juzgados de lo mercantil en varias ocasiones sin éxito. «La Asociación ha demandado a la RFEF por este mismo asunto ante los Juzgados de lo Mercantil. Como consecuencia de esa demanda existen ya dos autos del juez de lo Mercantil número 1 de Madrid, de 30 de julio y 3 de octubre de 2019, que han desestimado la petición de la asociación y han avalado la actuación de la RFEF y que, es posible, se los hayan ocultado al Juzgado número 8 de Majadahonda, quien conoce de la querella», asegura la RFEF en su nota.

En su querella, la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino acusa al presidente de la RFEF de realizar una «campaña de acoso y hostigamiento» hacia los equipos que forman la Liga Iberdrola con el objetivo de hacerse con la explotación de sus derechos audiovisuales, adjudicados en su día a Mediapro mediante un concurso público. La Asociación de Clubes denuncia que este mismo mecanismo de coacciones ha sido empleado por Rubiales y la RFEF para «tratar de hacerse con otros activos audiovisuales como los correspondientes al fútbol sala o a las competiciones de fútbol en la Segunda División B y Tercera División», según el escrito al que ha tenido acceso ABC.

«No está de más recordar que la ACFF tiene su sede en la LNFP; que su responsable es empleado de la Liga y que en los últimos años ha inundado los juzgados de procedimientos contra la Real Federación en la misma línea que la LNFP, que ha interpuesto decenas de causas contra la institución que dirige el fútbol en España», ha recordado la Federación tras enterarse por los medios de comunicación de la imputación de Luis Rubiales por presuntos delitos de coacciones, amenazas y prevaricación. «La Real Federación Española de Fútbol confía en la Justicia y, por lo tanto, está segura de que esta querella tendrá también el mismo destino que los anteriores procedimientos» presentados por la LNFP.

En los últimos años, el objetivo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sido ostentar la titularidad de los derechos audiovisuales de las competiciones no profesionales, entre las que se encuentra el fútbol femenino. Sin embargo, la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) anunció en marzo del pasado año la adjudicación de los derechos audiovisuales de la Liga Iberdrola para las próximas tres temporadas a Mediapro, a razón de 3 millones de euros por temporada.

Según la querella de la ACFF, Rubiales ha intentado que los clubes femeninos «incumplieran las obligaciones contractuales asumidas, no dudando en utilizar para ello distintas y veladas amenazas, materializadas, además, en algunos casos, a través de la incoación e instrucción de distintos expedientes sancionadores de naturaleza injusta e improcedente, utilizados como medio de extorsión y, en otros, a través de la injustificada denegación de la concesión de subvenciones o participación en ayudas para el desarrollo de la actividad deportiva».

No es la primera vez que los clubes del fútbol femenino denuncian las actuaciones de Rubiales y de la RFEF. En noviembre del pasado año, la ACFF interpuso una denuncia ante el Consejo Superior de Deportes por las «continuas presiones y situaciones de abuso por parte de la RFEF» sufridas tanto por los clubes como por la propia Asociación de Clubes femeninos a lo largo de los últimos tiempos.

La ACFF denunció entonces que el comportamiento de la RFEF estaba provocando una inestabilidad en el fútbol femenino : «Esta forma de actuación de la RFEF viene generando un clima de litigiosidad e inestabilidad que ha lastrado el crecimiento del fútbol femenino, justo en su momento de máximo crecimiento, y redundando además en la pérdida de importantes oportunidades económicas por parte de los clubes y de la propia competición».