La Fiscalía exige el ingreso en prisión de José Luis Nuñez y su hijo

El expresidente del Fútbol Club Barcelona y su hijo fueron condenados por la Audiencia de Barcelona a seis años de cárcel por sobornar a inspectores de Hacienda para que hicieran la vista gorda en sus revisiones y eludir así el pago de impuestos de los beneficios obtenidos por el grupo constructor que administraban . El pasado mes de enero, el Supremo rebajó de seis a dos años y dos meses de prisión, más el pago de una multa de 1,5 millones, la condena de los Núñez, lo que en principio implica el ingreso en prisión de ambos condenados.

La defensa de los Núñez, representados por el abogado Cristóbal Martell, presentó ante el Tribunal Supremo un incidente de nulidad contra la sentencia firme por cohecho y, de forma paralela, una petición de indulto al Ministerio de Justicia que todavía está pendiente de resolverse. Una vez el Supremo rechazó ese incidente de nulidad, el último intento procesal de la defensa de los Núñez para evitar su ingreso en prisión, ahora es la sección novena Audiencia de Barcelona la que debe decidir si obliga a entrar en la cárcel a los condenados, dado que es la encargada de ejecutar el fallo porque fue la que juzgó el caso.

El que sí que ha ingresado voluntariamente en prisión para cumplir la pena impuesta por el "caso Hacienda" es Josep Maria Huguet, exjefe de la inspección de Hacienda en Cataluña condenado a seis años y diez meses de prisión por haber aceptado dádivas millonarias de empresarios catalanes a cambio de hacer la vista gorda en las inspecciones a sus sociedades. El exinspector ingresó voluntariamente el pasado mes de marzo en una cárcel catalana, a la espera de que el Gobierno dé respuesta a la solicitud de indulto parcial de la condena que ha planteado ante el Ministerio de Justicia. Por el llamado "caso Hacienda" también fueron condenados los exinspectores de Hacienda Manuel Abella -6 años y 6 meses-, Roger Bergua -2 años- y Álvaro Pernas, 2 años.

Según cree probado el Tribunal Supremo, los inspectores condenados por el "caso Hacienda" mantenían un "pacto de silencio" mientras cobraban dádivas millonarias -cercanas a los cinco millones de euros- de los empresarios a los que beneficiaban haciendo la vista gorda en sus inspecciones.