La Junta intenta reducir el tono de la polémica de la Mezquita-Catedral

Dentro del Gobierno andaluz, hasta ahora se han venido emitiendo mensajes, como poco, contradictorios. En primer lugar, la delegada de Cultura, Manuela Gómez (PSOE), descartó que la Administración autonómica fuese a reclamar en algún momento la titularidad pública del inmueble. Posteriormente, la delegada del  Gobierno, Isabel Ambrosio, anunció que había encargado un informe jurídico para ver si la Junta es competente para reclamar la propiedad estatal de la Mezquita-Catedral. Desde Izquierda Unida, que forma parte del Ejecutivo autonómico, se han efectuado declaraciones mucho más contundentes de apoyo a la plataforma que recaba firmas, precisamente, para instar a la Junta de Andalucía a que adopte decisiones contundentes en el sentido de impedir la propiedad plena del monumento y templo religioso por medio de reclamar su nulidad ante un juzgado de lo Contencioso Administrativo.

La realidad es que la propiedad de la Mezquita-Catedral nunca se ha discutido por parte de las autoridades culturales de la Administración autonómica, que llegaron a aprobar un plan director de obras en los 90 y que tenía efectos sobre el propio monumento y sobre el entorno denunciando la presión que determinados elementos como el comercio o el turismo. De aquel documento salieron las inversiones realizadas por la exconsejera  de Cultura Carmen Calvo.