La juez Alaya imputa a quien se lucró con el ERE del Matadero de Fuente Obejuna

En lo referente a Matadero de Fuente Obejuna, Alaya imputa a personas relacionadas con la empresa Técnicas Agrícolas Ecológicas Integrales —su administradora, Juana Pilar Viedma; su padre y amigo del conseguidor Juan Lanzas, Juan José Viedma, y a la pareja de éste, Adoración Navarro—. Los trabajadores de Fuente Obejuna iban a perder la posibilidad del convenio especial con la Seguridad Social y, por ende, de recibir el dinero que Francisco Javier Guerrero había prometido pagando las pólizas «de manera arbitraria», dice la juez Alaya. Lanzas, dice el auto, pidió a Juan José Viedma que la empresa de su hija diese de alta de manera simulada a todos los empleados del matadero. Como retribución, ambas mujeres acabaron como intrusas en el ERE. Una recibió 117.000 y la otra, 110.000 euros, dice el auto.

Más intrusos

En lo que concierne al Matadero de Fuente Obejuna, la juez Alaya imputa también a un tercer intruso, llamado Mariano Martínez, que en realidad era un conocido del conseguidor Juan Lanzas y que había sido operario de la firma Hamsa pero que acabó por arte de magia en el Expediente de Regulación de Empleo de una empresa en la que no había trabajado. Percibió, afirma el auto, 120.000 euros.

El resto de imputados son personas relacionadas de una manera u otra con la plantilla de la empresa. Alaya llama a declarar con abogado al presidente de la asociación de trabajadores creada para percibir el dinero de la Junta, Manuel Granado, porque su esposa, Florencia Romero, percibió, dice Alaya, 158.000 euros. El tesorero de la entidad, Domingo Valle, aparece en la lista de nuevos imputados por haber recibido «fraudulentamente» 17.000 euros de las pólizas.

Por su parte, la exgerente de Promi aparece de manera muy sucinta en el auto de la juez. Considera Mercedes Alaya que se debe imputar a quien tuviera un paso fugaz por la política por haber facilitado una póliza de rentas —en la empresa Cepsa— para que su padre sin que su padre tuviera derecho a ello. Según el escrito del juzgado de instrucción del caso, utilizó la relación de amistad que tenía con el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. El padre de la exgerente ya está en la causa con una imputación por presuntos delitos de tráfico de influencias, obtención ilegal de ayuda de la administración, malversación y prevaricación. La póliza que se le asignó —y que se ofreció a devolver— sumaba unos 150.000 euros entre 2007 y 2014.

Cristina Ruiz fue incluida en la lista electoral del PP en 2011 en el número 22 como conocedora de asuntos de política social. En cuanto se dieron a conocer las cartas que cruzaba con Guerrero, pidió su baja de la candidatura ante la Junta Electoral. Según su versión, tuvo una relación profesional por los ERE de Promi que se saldaron, dijo, satisfactoriamente para la entidad.

En su día, negó de forma rotunda los hechos y aseguró que las versiones que se estaban propagando eran «ruines y deleznables». El PP intentó poner tierra de por medio con Cristina Ruiz . Llegó a intervenir en el asunto la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, quien dijo que Ruiz era independiente.