El vertido de Aznalcóllar sale gratis

El fallo del Alto Tribunal supone un varapalo para el Ejecutivo andaluz ya que ratifica la anterior sentencia del TSJA contra el acuerdo del Consejo de Gobierno andaluz del 23 de marzo de 2004 que declaró que Boliden Apirsa S.L., Boliden AB y Boliden BV estaban obligadas a reembolsar a la Junta de Andalucía los gastos y costes que supuso ese vertido producido por la ro tura de la balsa minera de Aznalcóllar en Sevilla.

El pronunciamiento confirma la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anuló la reclamaba a Boliden 89.867.545 euros. Ambos tribunales entienden que la Junta carecía de competencias de «autotutela» y que la Ley de Minas en la que se basó la Junta para reclamar a Boliden no le autorizaba a pedir el reintegro de los daños sufridos sin necesidad de acudir a los tribunales, pues «no existe precepto legal alguno» que le habilite para exigir «la reparación de unos daños amparados en un título de derecho privado.

En realidad, se trata de un problema formal tal y como reconoce el Alto Tribunal. El fallo explica que podríamos estar ante un caso de «peregrinaje judicial». Pero añade que «no cabe que, para enmendar un yerro, esta jurisdicción contencioso-administrativa incurra en otro mayor, vulnerando el principio de legalidad».

En cualquier caso tanto desde la Oficina del Portavoz como desde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta insistían ayer en que el Gobierno andaluz agotará todas las vías para cobrar. Así aseguraban que los servicios jurídicos estudian la fórmula para reclamar y conseguir que Boliden pague y por tanto no se descarta un recurso incluso ante el Tribunal de Estrasburgo para que la empresa multinacional sueca pague finalmente.

En este sentido consideran que se trata de «una cuestión de forma y no de fondo». Además el consejero de Medio Ambiente, Juan José Díaz Trillo, afirmó ayer que «peleará hasta el final para que se haga justicia», informa Europa Press.

Díaz Trillo reconocía el «revés» que ha supuesto este fallo pero insistía en que es de justicia que las arcas andaluzas se ven resarcidas con una sentencia que les de la razón.

Por su parte Ecologistas en Acción recalcaba que se debe recurrir ante el Tribunal de Estrasburgo o ante quien corresponda porque se debe cumplir el principio de «quien contamina paga».

El portavoz de esta organización en Doñana, Juan Romero, insistió en que no se debe permitir que Boliden «se vaya de rositas». Además afirmó que en la próxima reunión del Consejo de Participación de Doñana que se celebrará el jueves condenarán dicha sentencia que acatan pero que no comparten en absoluto. Sobre todo porque el vertido provocado por la empresa sueca puso en peligro la supervivencia del Parque Nacional de Doñana.