«Para esto sirven los impuestos», dice Zapatero sobre el Sincrotrón

En su discurso, el presidente del Gobierno ha afirmado que esta instalación ha sido concebida para la «excelencia», y deja atrás una historia en la que se vivía «bajo la sensación de que inventen otros -sacado de una frase de Miguel de Unamuno- o con la afirmación de que España había vivido de espaldas a la ciencia durante siglos». Alba, de la que ha dicho que le encanta su nombre, el mismo que el de una de sus hijas , ofrecerá, además, a las empresas un «inmejorable instrumento» para hacer innovación, con lo que se podrá superar ese «gap» que existe en la inversión privada en I+D.

Alba aún está en fase de pruebas y montaje, y su entrada en funcionamento se hará de forma progresiva a lo largo de este año hasta llegar a la plena operatividad en 2011. Un sincrotrón es una estructura en forma de anillo de grandes dimensiones (de 90 metros de diámetro en el caso de Alba), parecido al LHC de Ginebra, en cuyo interior corren electrones a una velocidad casi igual a la de la luz. Gracias a eso, se produce una luz muy intensa -un billón de veces más potente que los rayos X- que permite observar fenómenos microscópicos con una precisión excepcional y escudriñar la materia de manera exhaustiva.

Así, por ejemplo, algunas aplicaciones que esta instalación hará posible son el estudio de las estructuras biológicas y las proteínas, el análisis de virus y bacterias, la creación de nuevos fármacos, el diseño de nuevos materiales para la industria, el estudio de fósiles, etc. «Servirá para aumentar el "know-how" de las empresas españolas y la formación de nuestros investigadores», ha señalado además el presidente del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz del Sincrotón (CELLS), Ramón Pascual.

En Europa hay cerca de 20 sincrotones, pero Alba será el de referencia en el sur de Europa -ahora el más meridional es el de Grenoble (Francia)- y será el tercero más potente del continente. El sincrotrón español está cofinanciado al 50% por el Gobierno y la Generalitat y tiene un coste de 201 millones de euros.