Morant cambia el polémico 'tenure track' de Duque en la futura Ley de Ciencia

El modelo contractual tipo 'tenure track' , utilizado en Estados Unidos, Canadá y de forma más reciente en países europeos como Alemania, Suiza o Italia, fue una de las medidas 'estrella' del exministro Pedro Duque. Este tipo de figura consiste en un contrato de trabajo de naturaleza laboral de cuatro años con la posibilidad de convertirse en fijo tras superar una evaluación final externa, y que estaría sujeto a la Oferta Pública de Empleo (OPE).

Sin embargo, esta medida fue muy criticada por sindicatos como CSIF o CC.OO., al considerar que esta figura de contratación no acaba con la precariedad, pues no garantiza que el puesto sea fijo porque estaría supeditado a la oferta de empleo y, además, implicaría la eliminación de otras escalas funcionariales recogidas en la legislación actual.

El nuevo borrador de anteproyecto presentado por su sucesora, Diana Morant, ha eliminado esta figura pero en su lugar, introduce un itinerario postdoctoral de «incorporación estable al sistema» que está, precisamente, «inspirado» en dicho modelo de 'tenure track'. Fuentes del Ministerio aseguran que esta figura se modifica para mejorar así la carrera científica.

El anteproyecto establece que, para los postdoctorales que quieran acceder al sistema, la duración del contrato será de entre 3 y 6 años, con prórrogas de, al menos, un año. Además, fija que las situaciones de «incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia, violencia de género o terrorista», interrumpirán el cómputo del plazo límite de duración del contrato, así como de su evaluación.

Este modelo de contrato consiste en que el personal investigador con contrato postdoctoral en universidades públicas, Organismos Públicos de Investigación (OPI), fundaciones o consorcios públicos, podrá optar a una evaluación de la actividad investigadora a partir de la finalización del segundo año de contrato, con el objeto de conseguir la estabilización en el sistema, esto es, que tras haber superado dicha evaluación, el personal investigador obtendrá una certificación como «investigador establecido», que además conllevará mejoras salariales.

Además, el aprobar esta prueba les eximirá de realizar partes de las pruebas para acceder al sistema público, y se les reservará un mínimo del 15% de la tasa de reposición para este tipo de contratos en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) en las universidades y del 25% en los OPI.

También para esta modalidad de contrato se propone una indemnización por fin de contrato (a partir de los nuevos contratos). En este caso, el investigador tendrá derecho a recibir «una indemnización de cuantía equivalente a la prevista para los contratos de duración determinada en el artículo 49 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores».

Por otro lado, el borrador incorpora un nuevo contrato indefinido para «todo tipo de personal de investigación» que realice actividades científico-técnicas.

«Los contratos de actividades científico-técnicas, de duración indefinida, podrán estar vinculados a la existencia de financiación externa o financiación procedente de convocatorias de ayudas públicas en concurrencia competitiva asociada a los mismos durante su vigencia», señala el texto, que precisa que estos «no formarán parte de la Oferta de Empleo Público».

El nuevo borrador, que ahora deberá recabar la opinión de las personas con interés en el proyecto normativo, también reconoce el derecho a indemnización de estos investigadores predoctorales. El texto propone «una indemnización equivalente a doce días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año».

Asimismo, el borrador define una carrera para el personal técnico y rediseña el contrato del investigador distinguido, limitándolo a la dirección de equipos humanos o dirección de centros, instalaciones y programas científicos y tecnológicos.