La Ley de Ciencia entra en vigor mañana, pero dos de sus principales medidas tardarán meses en llegar

Así, la Ley de la Ciencia crea dos agencias de financiación para el nuevo 'Sistema de I+D+i' español: la 'Agencia Estatal de Investigación', para la financiación de la I+D en España, y por otro lado se reconoce al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), adjunto actualmente al Ministerio de Ciencia e Innovación, como agencia para la financiación de la Innovación.

El texto fue aprobado en el mes de mayo en el Congreso con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Precisamente, la ministra de Ciencia e Innovación en funciones, Cristina Garmendia, ha destacado la «satisfacción» del Ministerio «de cómo ha sido el proceso, no sólo en la tramitación, sino también después de la aprobación». Según ha explicado, desde que se iniciaron las negociaciones para dar forma a la Ley hasta el final de la Legislatura «se ha trabajado muy bien no sólo con los representantes parlamentarios, sino también con los representantes de las diferentes comunidades autónomas». « Creo que se han dado pasos adelante y creo que se traspasarán todas las iniciativas con absoluta normalidad, afortunadamente para el sistema científico español», ha apuntado.

Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión parlamentaria de Ciencia e Innovación en la pasada Legislatura, Gabriel Elorriaga, también ha señalado que «el gran valor de esta ley es el acuerdo tan amplio que se alcanzó» aunque ha reconocido, en declaraciones a Ep, que «como ocurre en los grandes acuerdos, el texto no es de la completa satisfacción de nadie, aunque, de alguna manera refleja las inquietudes de todos». A su juicio, en esta norma «todo está por llevar adelante, desde la creación de la Agencia Estatal de Innovación, hasta muchas normas de desarrollo que están previstas y que están por hacer y cuyos plazos de aplicación son muy amplios». «Habrá que ir viendo como se va desarrollando» ha indicado. En este sentido ha añadido que en el programa electoral del PP «hay un compromiso con el contenido de esta ley y con su desarrollo y se va a mantener».

En cuanto a la carrera de los investigadores, el texto eliminan las escalas científicas propias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que pasan a ser de los Organismos Públicos de Investigación (OPI'S), y se suprimen las becas en el 'sistema 2+2' en contratos de cuatro años. De esta manera, las modalidades de contrato específicas que se establecen en el nuevo Sistema son: un contrato predoctoral, con el que se suprimen los 'becarios-precarios' del sistema público y concertado de la I+D+i, que será prorrogable por periodos anuales; un segundo contrato de acceso, cuyo objetivo será la consolidación de los investigadores dentro del sistema de ciencia; además de un contrato de investigador distinguido, para que se pueda atraer talento de otras instituciones.

En relación a los contratos Ramón y Cajal, que actualmente tienen una duración de cinco años y con los que los investigadores se 'quedaban en la calle' una vez fuesen finalizados, se ha consensuado un mejor acceso al sistema de ciencia español para ellos, a través de las dobles evaluaciones que ya realizaban en sus programas y subprogramas. Además, la norma pretende potenciar la movilidad y el intercambio de investigadores entre distintos agentes de ejecución públicos y privados, en el ámbito español, en el marco de la UE, y en el de los acuerdos de cooperación recíproca internacional y de los acuerdos de colaboración público-privada, es decir, se crean unas 'pasarelas' para que los investigadores tengan más facilidades para poder trabajar en otros centros.

Por otra parte, el texto acepta a la Innovación dentro del Sistema de Ciencia y Tecnología español, y pasa a denominarse 'Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación'. Además, se tiene en cuenta el conocido como 'sistema de sistemas' que articula lo público y lo privado y que integra el reconocimiento a las competencias de determinadas comunidades autónomas. De hecho, se recoge de forma «explícita» la transferencia de la competencia en materia de Innovación al País Vasco, así como la competencia adquirida a Cataluña. Es más, en la nueva normativa se establecen dos estrategias para la gestión del sistema: 'La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología' y la conocida como 'E2I' o 'Estrategia Estatal de Innovación', que pasará a denominarse 'Estrategia Española de Investigación'. Para relacionar ambas estrategias habrá un nuevo 'Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación', que estará constituido por la cartera de Ciencia y las comunidades autónomas.

Hasta ahora, no existía en el Ministerio un órgano de diálogo con las comunidades autónomas, a diferencia de otros departamentos ministeriales. En la normativa, además, se contempla el interés general de la actividad desarrollada por organismos de investigación privados como los Centros Tecnológicos de ámbito estatal, así como el papel de agentes más vinculados a favorecer la transferencia tecnológica y la cooperación entre los diferentes agentes del sistema como, por ejemplo, parques científicos y tecnológicos, plataformas tecnológicas y las agrupaciones de empresas innovadoras.