ERC ve la querella como un atropello y la CUP como una muestra de debilidad

Según ha indicado en el Parlament el portavoz adjunto de ERC, Oriol Amorós, «no se puede perseguir penalmente a un pueblo, que es lo que se intenta hacer con esta querella», y ha recordado que «el 80 % de los catalanes votaron en las últimas elecciones a favor de una consulta para poder decidir el futuro de nuestro país».

En consecuencia, ha subrayado Amorós, «somos coautores de la organización del 9N, no sólo el Govern, sino los diputados y el Parlament en su conjunto» por haber aprobado resoluciones, mociones y leyes para posibilitar la consulta.

Por parte de la CUP, Isabel Vallet ha considerado «previsible» la querella, que ha interpretado como «el enésimo intento de resolver por la vía judicial lo que no sabe o no quiere resolver por la vía política». Según Vallet, esto convierte actuaciones como la querella «en un signo de debilidad» de un Estado, que «es ciego y sordo» ante la voluntad del pueblo de Cataluña.

El portavoz del PSC, Maurici Lucena, también ha expresado su «decepción» c on una media que entorpece el diálogo y ha ironizado asegurando que que «probablemente» el presidente catalán, Artur Mas, y sus asesores «llevan días de celebración» ante una querella que electoralmente «les puede beneficiar», mientras que desde CiU se asegura que la querella contribuirá a consolidar el soberanismo. «Si alguna cosa hará es reforzar el proceso», ha asegurado el portavoz de la federación, Jordi Turull.

El PPC y Ciutadans, por su parte, han enmarcado la querella presentada contra el presidente catalán, Artur Mas, dentro de la «normalidad» de un Estado de derecho en el que todos los ciudadanos deben cumplir la ley, y en el que los argumentos políticos no pueden servir de «excusa» para «saltarse» las normas.