El alcalde de Barcelona, Xavier Trias
El alcalde de Barcelona, Xavier Trias - efe

El documental «Ciutat Morta» arranca la campaña municipal

Guanyem, ERC e ICV exigen reabrir el caso; Trias ve electoralismo y el PP apoya a la Guardia Urbana

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La emisión del polémico documental «Ciutat Morta» en la televisión catalana en los albores de la campaña de las elecciones municipales, desató ayer un cruce de reproches entre los candidatos a la alcaldía de Barcelona. El filme narra un supuesto caso de irregularidades policiales vinculadas al desalojo llevado a cabo por la Guardia Urbana el 4 de febrero de 2006 en una casa «okupa» de la calle Sant Pere Més Alt. Un agente de este cuerpo sufrió heridas gravísimas que le dejaron tetrapléjico, mientras que los jóvenes juzgados por estos hechos niegan haber sido los autores de esta agresión. Patricia Heras, una de las encarceladas, se suicidó durante un permiso penitenciario y mantuvo su inocencia hasta el final.

La plataforma Guanyem Barcelona pidió ayer al alcalde Xavier Trias, que se reúna con las víctimas y atienda sus demandas y que abra inmediatamente una investigación interna «a fondo y que se depuren las responsabilidades que se deriven» de la misma. Asimismo exigió que se retiren las pensiones vitalicias otorgadas a los dos agentes del cuerpo de la Guardia Urbana implicados en estos hechos y condenados posteriormente por otro caso grave de torturas.

Explicaciones

Considera que el ex alcalde de Barcelona Joan Clos; el ex concejal de Seguridad y Movilidad Jordi Hereu (después alcalde), el ex concejal de Ciutat Vella Carles Martí, y la ex consellera de Interior, Montserrat Tura, deberían comparecer públicamente para dar explicaciones y pedir perdón a las víctimas, «por su complicidad en los hechos que denuncia el documental».

Trias acusó a Guanyem Barcelona de hacer campaña electoral con sus peticiones. Considera que el documental sólo refleja los testimonios de una de las partes en conflicto y «mezcla» los hechos del 4-F con «otras actuaciones de algún miembro de la Guardia Urbana», condenado por torturas, y que eso «es injusto» para este cuerpo de agentes municipales, al que defiende a ultranza». Recordó, no obstante, que cuando sucedieron los hechos, él estaba en la oposición y que «ya fui crítico con el despliegue de guardias urbanos» en ese caso. Por su parte, el teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Joaquim Forn, ha asegurado este lunes que el consistorio sería el primero en pedir la reapertura del caso 4F «si hubiera nuevos elementos de prueba».

El presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, expresó su «pleno» apoyo a la Guardia Urbana e insistió en que ese día un agente sufrió «una agresión salvaje que casi le cuesta la vida y que le ha dejado lesiones irreversibles». El líder de ICV-EUiA en el Ayuntamiento, Ricard Gomà, cree «urgente» llevar a cabo «una investigación a fondo y con transparencia». Aseguró que su partido pidió información y que encontró «opacidad y muchas dificultades para conocer la realidad de los hechos».

En la madrugada de ayer, unas 200 personas se concentraron en la plaza Sant Jaume para reclamar que se reabra el caso y defendieron la inocencia de los detenidos. El documental fue emitido el domingo por la noche en canal 33, pero con cinco minutos menos de metraje. Este recorte se realizó por orden del juzgado, al considerar que algunas opiniones sobre el ex jefe de Información de la Guardia Urbana de Barcelona Víctor Gibanel podrían violar su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

El alcaldable de ERC, Alfred Bosch, también pide que se reabra el caso y dijo sentir «mucha tristeza» tras ver el documental. Advirtió de que «silenciar cinco minutos no es la solución».