Infraestructuras, en busca de la inversión perdida

El principal balón de oxígeno a este recorte del gasto proviene de la esperada mayor colaboración público-privada a la hora de encontrar financiación. Hasta 2024 se prevé una inversión en infraestructuras de entre 119.720 millones de euros a 144.826 millones. Y de la esta cantidad, el Gobierno espera que el sector privado aporte un 16% del volumen inversor. La prioridad es fomentar la asociación «en proyectos atractivos para el sector privado por su rentabilidad».

A pesar de las intenciones, el plan está plagado de incógnitas . Se desconoce el retorno de las inversiones, el apoyo en bonos de proyectos o la implicación de las distintas entidades públicas. El Ejecutivo espera que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) adquiera un papel «fundamental» en la financiación de infraestructuras, sobre todo en el marco de las políticas de crecimiento continentales, pero se desconoce su contribución. Otra incógnita es la aportación del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Para insuflar confianza en el inversor, sobre todo extranjero, es necesario sortear errores precedentes. Las experiencias anteriores no son halagüeñas. El anterior ministro de Fomento, José Blanco, impulsó un Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) , que preveía movilizar 17.000 millones entre 2010 y 2011 y que hasta mayo de 2011 tan solo consiguió licitar 3.300 millones.

En este sentido, la inseguridad jurídica percibida por el inversor es uno de los aspectos a superar. «La marca España tiene dos caras. Por un lado, somos líderes en infraestructuras. Pero por el otro, los inversores aún desconfían de nosotros» , afirma Miguel de la Fuente, director gerente del Foro PPP. La actual situación económica, no es la única razón de este recelo. Como recuerda De la Fuente, sucesos como las concesionarias de las autopistas radiales de pago en Madrid, no ayudan.

En su momento, l a Administración estimó un nivel de tráfico en estas carreteras de pago que nunca se alcanzó . A esta deficiente planificación se unió que los sobrecostes en su construcción fueron diez veces superiores a lo previsto en un principio, lo que ha precipitado que las sociedades concesionarias arrastren pérdidas de 2.171 millones. Y si bien la partida de Fomento para 2012 incluyó 280 millones en préstamos participativos y la ampliación hasta 2021 de las cuentas de compensación, el inversor no olvida.

«El mayor problema que tiene España es de credibilidad jurídica. En las radiales, aunque se hayan previsto los préstamos participativos estos no han llegado en algunos casos», lamenta José María Fernández-Daza, de Clifford Chance. De la Fuente también resalta los impagos de la Administración, que disparan la desconfianza en nuestro país.

A pesar de estos escollos, existe cierto interés en proyectos puntuales por parte de inversores extranjeros. Un buen ejemplo es el caso del fondo galo Meridiam, que el pasado mes de marzo se adjudicó, en consorcio con Ferrovial y Acciona, la construcción y gestión durante 30 años de la autoví a A-66 entre Benavente y Zamora, en una operaciónque ascendió a 1.000 millones. «España ha vuelto a la agenda de algunos inversores internacionales: se está llegando a un nivel de precios de determinados activos que resultan atractivos para el exterior», apunta Fernández-Daza.

En cuanto al apetito del inversor por la alta velocidad, avisa de que los fondos se mantienen a la espera de que se concreten concursos abiertos como los del AVE en Galicia. «De todas formas, las líneas de alta velocidad que van quedando son poco rentables», apunta De la Fuente.

La fragmentación autonómica es otra de las dificultades que debe salvar el Ejecutivo para atraer capitales. «Invertir en España tiene la complejidad de enfrentarse a diecisiete sistemas diferentes , y este es un tema que complica, y mucho, la inversión extranjera», lamenta De la Fuente. Por ello, los expertos consultados abogan por la creación de una oficina única que analice los proyectos para evitar sucesos como el de la red de carreteras de la capital y, a la vez, aúne esfuerzos. «Necesitamos un organismo que sirva de puerta de entrada a los inversores, que canalice el contacto con las autoridades europeas y que coordine esfuerzos entre autonomías», resume De la Fuente.

Otra de las soluciones sopesadas apuntan a la utilización de los fondos de pensiones, principales candidatos a la hora de encontrar posibles socios para la inversión. «Se podrían usar de forma extraordinaria para canalizar todo el ahorro que hay en España», apunta De la Fuente. Cándido Pérez- Serrano, socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG en España, afirma que este tipo de fondos puede ser interesante para proyectos con poco riesgo y, por tanto, escasa rentabilidad para los fondos de infraestructuras tradicionales.

Como fuere, la actual situación complica la credibilidad del plan. «El poner una fecha de referencia tan a largo plazo (2024) te plantea dudas sobre el realismo del presupuesto», asevera Fernández-Daza. El interés existe, pero todo está en el aire y el inversor se mantiene agazapado a la espera de que los planes, y la actual incertidumbre económica, se disipen.