El vuelo bajo del «Faisán»

Así se lo ha hecho saber a la Fiscalía el juez que investiga el «chivatazo» a ETA que obligó a posponer la desarticulación de una red de extorsión que operaba en torno al bar «Faisán» de Irún. El punto final lo ha puesto un último informe aportado por la Unidad Central Especial número 1 de la Jefatura de Información de la Guardia Civil . Con este informe en la mano, y antes de tomar una decisión, Ruz ha pedido opinión a la Fiscalía sobre la existencia de suficientes indicios para sentar en el banquillo de los acusados al exdirector general de la Policía Víctor García Hidalgo, al exjefe superior de la Policía en el País Vasco Enrique Pamiés y al exinspector de Policía de Vitoria José María Ballesteros. A diferencia del juez, la Fiscalía ve un delito de revelación de secretos, pero no de colaboración con organización terrorista .

«Habiendo sido verificada la totalidad de las diligencias que fueron acordadas por auto de fecha 8.03.2012 y resoluciones posteriores complementarias al mismo (...), confiérase traslado al Ministerio Fiscal a fin de que emita informe sobre valoración de los indicios existentes en las actuaciones respecto de las personas imputadas en el procedimiento , a la vista del resultado de las diligencias practicadas, o en su caso, interese las diligencias adicionales que estime pertinentes», señala Ruz en una providencia a la quen ha tenido acceso ABC.

Entre las diligencias que pidieron las partes y que fueron aceptadas por el magistrado figuraban la toma de declaración a Carmelo Luquín, yerno del dueño del «Faisán», Joseba Elosua, un dictamen pericial sobre teléfonos satélite o la investigación que sobre estos hechos encargó a la Guardia Civil. (La investigación del «soplo» la había llevado a cabo la Policía, de quien partió la delación).

El informe de la Guardia Civil, del que en su momento informó ABC, concluyó que «la hipótesis más consistente» es que los autores de la filtración fueron los imputados en el procedimiento. Frente a esta hipótesis, la posibilidad de que el «soplo» proviniera del propio equipo investigador, dirigido por Carlos Germán, «se revela también altamente inconsistente». Por último, que el «chivatazo» proviniera de otros cuerpos especializados en la lucha antiterrorista «se revela como la menos consistente». Esta última opción la dejó abierta la Sala Penal de la Audiencia, cuando, si bien admitió la existencia del «soplo», no descartó la posibilidad de que pudiera haber venido de otra cuerpo policial.