Educación permitirá llevar «tupper» a los colegios públicos

La Orden, sin embargo, dejará en manos de los centros escolares la posibilidad de que puedan acogerse o no a esta iniciativa. La consejera de Educación, Lucía Figar, ha abogado siempre por dotar de mayor autonomía a los colegios, al ser estos los que mejor conocen las necesidades de sus alumnos. Sin embargo, fuentes de su departamento se mostraron ayer convencidos de que la amplia mayoría de los 791 colegios públicos de la región no dudarán en acogerse a esta medida.

Será cada colegio, por lo tanto, el que establezca las condiciones y características relativas a la organización y utilización del comedor escolar, que deberán respetar la Ley del 5 de julio de 2011 relativa a la seguridad alimentaria y nutrición.

Cataluña y Galicia son las dos primeras comunidades españolas que han permitido el uso de «tuppers» en los centros públicos. Madrid y Valencia serán los siguientes. En el caso catalán, por ejemplo, la Consellería de Salut envió a los centros un documento orientativo con las medidas mínimas de higiene para colegios y familias, como los alimentos necesarios de la dieta mediterránea y aquellos más recomendables para usar en las fiambreras.

Las recomendaciones, que serán muy parecidas a las que haga la Comunidad de Madrid, también prevén la presencia de espacios refrigerados para que los alumnos guarden las fiambreras en cuanto lleguen a los centros, y que estos espacios deben ser diferentes a los del tradicional comedor. Además, los colegios que permitan a sus estudiantes traer la comida desde casa deberán disponer de microondas , y algún monitor o miembro de las ampas que vigile este espacio.

El Gobierno de Aguirre busca así aliviar la carga económica que suponen los colegios para las economías domésticas. La autorización para llevar el «tupper» es sólo la última. Este año también han entrado en vigor las nuevas desgravaciones fiscales por gastos escolares, a las que se pueden acoger gran parte de las familias madrileñas. Hasta ahora, sólo podían acogerse a ellas las rentas cuyo salario no superara los 10.000 euros por cada miembro de familia. Desde este años, esta renta se ha incrementado hasta los 30.000 euros, de tal forma que una familia con cuatro miembros podrá desgravarse los gastos de escolaridad si gana menos de 120.000 euros.