Un juez de Lérida anula una multa de tráfico por estar en catalán
El magistrado considera que la tramitación de la multa no era correcta debido a que la conductora recurrió en castellano y el Ayuntamiento de Barcelona le contestó en catalán
El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Lleida, el juez José María A. Magán Perales, ha anulado una multa de tráfico impuesta por el Ayuntamiento de Barcelona a una conductora leridana por contestar en catalán al recurso que interpuso ésta.
Además, según han explicado desde el despacho jurídico del letrado que defendió a la multada, Rico Abogados, el juez ha acabado multando al consistorio barcelonés por haber intentado que se declarase nula la sentencia con la que Magán anuló la multa.
Según explican desde el bufete leridano, y tal y como avanzaba hoy el diario "Segre", los hechos se remontan al pasado mes de marzo cuando la vecina de Lérida fue multada por una agente de la Guardia Urbana de Barcelona por hablar por teléfono móvil mientras conducía.
La leridana recurrió ante Magán, titular único del juzgado contencioso-administrativo de Lérida, alegando que no estaba hablando sujetando el móvil, ya que tiene manos libres en el coche, y que sólo se estaba tocando el cabello.
El juez estimó que la multa debía ser anulada, pero no porque atendiera a las razones dadas por la multada, sino porque consideró que la tramitación de la multa no era correcta debido a que la conductora recurrió la multa en castellano y el consistorio le contestó en catalán.
Legalidad desde la ilegalidad
Según argumentaba Magán en esta primera sentencia, no se puede imponer la legalidad desde la ilegalidad, cosa que a su parecer estaba sucediendo en este caso debido a que la conductora tenía derecho a ser atendida en castellano.
Pero el conflicto judicial no acabó aquí ya que, pese a que la sentencia de Magán no era recurrible, el Ayuntamiento de Barcelona decidió pedir la nulidad de dicha sentencia.
El juez Magán, que fue el encargado de resolver esta petición de nulidad, consideró que el consistorio estaba actuando con mala fe procesal al buscar un subterfugio para imponer su criterio y decidió no solo desestimar su petición de nulidad sino multarlo con 600 euros.
Este juez ya se ha hecho famoso por otras sentencias en las que quitaba la razón a las administraciones por contestar en catalán a los ciudadanos que se expresan ante estas en castellano, que fue uno de los motivos por los cuales se abrió en su contra un expediente sancionador.
Asimismo, ha anulado multas de tráfico por entender que la firma de los responsables no podía estar escaneada y debía ser original y recurrió una orden del TSJC que le prohibía tener un crucifijo en la sala de vistas, recurso que ganó
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