José Blanco avala a Vázquez como nuevo Defensor del Pueblo

El ministro de Fomento, José Blanco, defendió ayer la candidatura del ex alcalde de La Coruña y embajador de España ante la Santa Sede desde febrero de 2006, Francisco Vázquez, como nuevo Defensor del Pueblo. En la actualidad, este alto comisionado de las Cortes lo ocupa, en funciones, María Luisa Cava de Llano, tras cesar Enrique Múgica a finales del pasado mes de junio después de agotarse el plazo de su mandato.

Blanco respondió con un «sí» tajante a la cuestión de si apoyaba la designación de Vázquez, paisano y compañero de filas socialistas, durante un foro celebrado en la capital gallega. Además del apoyo de hombres fuertes del Gobierno, la figura de Vázquez cuenta ya en Madrid con el apoyo del Partido Popular. Desde Galicia, también se han postulado a favor del ex alcalde coruñés políticos tan ajenos al espectro socialista como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, o el presidente provincial del PP.

Curiosamente, lo que queda ahora por resolver es la aceptación del nombramiento en el propio PSOE, en el que determinados lobbies laicistas tienen dudas sobre la figura del político gallego, que siempre se ha mostrado proclive al acercamiento con la Iglesia, uno de los motivos que lo llevaron a la Embajada de España ante el Vaticano. La pelota es ahora en el tejado de Rodríguez Zapatero.

Para cubrir la baja de Vázquez en la embajada de la Plaza de España, el Gobierno ha solicitado ya al Vaticano su visto bueno de cara al nombramiento de María Jesús Figa-Palop, ex subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, cargo en el que había ingresado en el 2007.

En el Congreso, Vázquez necesita recabar el apoyo de tres quintas partes de los votos de la Cámara. Para iniciarse el proceso, antes su candidatura tiene que ser aprobada, por mayoría simple, en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Defensor del Pueblo. La decisión de esta comisión, en un plazo máximo de diez días, debe ratificarse en la Cámara Baja para procederse al definitivo requisito, la certificación, en un plazo máximo de veinte jornadas, por una mayoría homóloga en el Senado.